El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó oficialmente cambiar el nombre del golfo de México al golfo de América, una medida que, aunque simbólica, ha desatado críticas y especulaciones sobre sus posibles implicaciones geopolíticas y económicas.

El golfo de México es una región estratégica para el comercio y la extracción de recursos naturales, como el petróleo y el gas. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), 17% de la producción de petróleo de EU proviene de esta zona, lo que la convierte en un pilar de la independencia energética del país.

Martha Bárcena, exembajadora de México en Estados Unidos, advirtió que el cambio de nombre podría ser un primer paso hacia una posible reclamación de territorios con recursos naturales en el golfo. Sin embargo, analistas como Octavio Pescador, académico de la UCLA, descartaron esa posibilidad al recordar que los límites marítimos están claramente establecidos por tratados internacionales y leyes reconocidas, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

De acuerdo con esta convención, México tiene jurisdicción sobre 829 mil kilómetros cuadrados del golfo, mientras que Estados Unidos controla 662 mil kilómetros cuadrados. James Kraska, experto en derecho marítimo, afirmó que cualquier intento de reclamar jurisdicción total enfrentaría resistencia legal significativa por parte de México y la comunidad internacional.

El golfo también es clave para el comercio internacional. Más del 60% de las exportaciones de granos de Estados Unidos salen de puertos en la región, como Corpus Christi en Texas y Plaquemines en Louisiana. Además, es una vía esencial para la importación y exportación de bienes desde América Latina.

En el plano político, el decreto parece estar alineado con la narrativa “América Primero” de Trump, según algunos expertos, como el geoestratega Peter Zeihan, quien destacó que el golfo ha sido fundamental en la expansión económica y militar de Estados Unidos desde el siglo XIX. Douglas Brinkley, historiador estadounidense, añadió que el cambio de nombre busca proyectar la supremacía estadounidense en una región clave del hemisferio.

Marjorie Taylor Greene, aliada política de Trump, ya expresó su intención de presentar un proyecto legislativo para oficializar el cambio de nombre en los registros nacionales, aunque expertos como Pescador consideran que el impacto del decreto será principalmente mediático y cultural, y no tendrá consecuencias legales ni territoriales.

El cambio también enfrenta obstáculos en el ámbito internacional. Organismos como la Organización Hidrográfica Internacional y las Naciones Unidas tendrían que aprobarlo para que sea reconocido globalmente, algo que parece improbable sin consenso entre los países de la región.

Aunque el decreto es más simbólico que práctico, genera tensiones bilaterales con México y proyecta una postura de unilateralismo que podría complicar las relaciones internacionales de Estados Unidos, especialmente en un momento de alta sensibilidad geopolítica en la región.