Michoacán.— En los últimos tres años, las minas terrestres antipersonal, consideradas armas de lesa humanidad y prohibidas por tratados internacionales, se han convertido en un instrumento clave de la guerra entre cárteles en Michoacán, particularmente en la región de Tierra Caliente. Su uso indiscriminado ha dejado decenas de víctimas civiles, militares y policías, mientras que las autoridades han minimizado su impacto, advierten expertos.
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), los primeros casos documentados de víctimas civiles ocurrieron en febrero de 2022, cuando un campesino murió y su hijo resultó gravemente herido al pisar una mina en el municipio de Aguililla. Desde entonces, las detonaciones han afectado tanto a comunidades rurales como a elementos de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales.
En total, las explosiones de minas antipersonal han causado al menos 10 militares muertos, 29 heridos, 4 civiles fallecidos y 3 lesionados, así como 4 policías comunitarios heridos desde 2022.
El OSHRA señala que la colocación de minas comenzó en el contexto de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado en Tierra Caliente, pero esta práctica se ha expandido a otras zonas de Michoacán, como Coahuayana y Cotija de la Paz, este último en los límites con Jalisco.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió en diciembre pasado en Cotija, donde dos soldados murieron al estallar un artefacto explosivo. Según el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el explosivo pudo haber sido colocado por un grupo criminal local para evitar el ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Observatorio advierte que estas armas afectan no solo a los grupos rivales o a las autoridades, sino también a comunidades enteras. “La contaminación por minas impide el uso de tierras, afecta la producción de alimentos y genera desplazamientos forzados, con un impacto económico y social profundo”, señala el organismo.
En diversas regiones de Michoacán, las minas han obligado a comunidades enteras a desplazarse. Más de 70 personas del área de Paredes del Ahogado, en el municipio de Buenavista, permanecían hasta noviembre refugiadas en el curato de la iglesia de Pareo, en Tancítaro, por temor a regresar a sus hogares debido a la presencia de campos minados.
Otra zona afectada es la franja entre las comunidades La Zalatera y Acatlán, en Apatzingán, donde los desplazados aún temen volver por la amenaza de explosivos.
El OSHRA ha criticado la falta de acción de las autoridades, a quienes acusa de minimizar el problema para proyectar una imagen de gobernabilidad. Según el organismo, las estrategias de seguridad se concentran en cabeceras municipales, dejando desprotegidas a las comunidades rurales.
Aunque las autoridades suelen referirse a estos artefactos como “minas de fabricación artesanal”, el Observatorio subraya que muchos de estos explosivos tienen un alcance letal suficiente para destruir vehículos blindados, lo que indica un alto grado de sofisticación en su manufactura.
“Es evidente que existen especialistas en la fabricación de estos artefactos dentro de las organizaciones criminales”, señala el informe del OSHRA.
Ante la inacción gubernamental, el OSHRA ha desarrollado infografías para orientar a la población civil sobre medidas preventivas, basándose en materiales de la Cruz Roja Colombiana. Las recomendaciones incluyen identificar posibles zonas minadas y evitar áreas sospechosas, aunque el Observatorio lamenta que los ciudadanos deban adoptar estas precauciones ante la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades.
El pasado domingo, dos personas que viajaban en una camioneta blindada murieron calcinadas tras la detonación de una mina en Apatzingán. En el lugar se encontraron restos del vehículo, fragmentos del explosivo, cuatro armas largas y municiones, lo que evidencia la constante amenaza de estos artefactos en la región.
El Observatorio concluye que el uso de minas antipersonales en Michoacán representa una grave violación al derecho humanitario internacional. A pesar de ello, el gobierno estatal no ha tomado medidas efectivas para enfrentar esta crisis, ni ha respondido a los cuestionamientos sobre la falta de atención a este fenómeno.
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