Los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación presentaron este 27 de enero su renuncia inmediata e irrevocable, argumentando que existen impedimentos jurídicos para llevar a cabo la tarea que les fue encomendada.
En un comunicado conjunto, los magistrados Wilfrido Castañón León, Emma Meza Fonseca, Hortensia María Emilia Molina de la Puente y los académicos Mónica González Contró y Luis Enrique Pereda Trejo, explicaron los motivos de su decisión, lamentando no poder cumplir con los objetivos trazados.
“Por medio de este escrito, presentamos nuestra renuncia con carácter inmediato e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que le fue encomendado este cuerpo colegiado”, señala la misiva.
El Comité, establecido para seleccionar a los mejores perfiles derivados de la reforma constitucional al Poder Judicial, enfrentó complicaciones para cumplir con su labor.
“Aceptamos el cargo con la convicción de que este podría constituir un espacio importante para garantizar la llegada de perfiles profesionales al proceso de elección. A partir de la instalación del Comité se inició una fuerte agenda de actividades, dirigida a seleccionar a los mejores perfiles, atendiendo en todo momento las distintas decisiones jurisdiccionales”, detalla el comunicado.
Sin embargo, los ahora exintegrantes del Comité reconocieron que la tarea constitucional se volvió inviable, motivo por el cual decidieron presentar su renuncia.
Los firmantes expresaron su gratitud hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el equipo de apoyo por su colaboración durante las últimas semanas. Asimismo, reiteraron su compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado constitucional de derecho.
Esta dimisión se da en un contexto de controversia política y jurídica sobre los procesos de selección en el Poder Judicial, en el que recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó al Senado la facultad de insacular candidatos a jueces y magistrados sin pasar por un filtro de idoneidad.
Ciudad de México, a 14 de enero de 2025.
A la opinión pública.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
Atentamente
Generación Industrial, S.A. de C.V.
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