El director general de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora (CBPES), Javier Ignacio Díaz Ballesteros, presentó su renuncia el viernes 24 de enero, después de un año, ocho meses y 26 días en el cargo. Aunque no se ha comunicado oficialmente su salida, líderes de colectivos de búsqueda confirmaron que Díaz Ballesteros les notificó su decisión a través de un mensaje de WhatsApp.

La renuncia ocurre en un contexto de inseguridad y hallazgos recientes de fosas clandestinas, como la localizada en Caborca el mismo día. Según la Fiscalía de Sonora, en este lugar se encontraron restos de al menos 10 personas, aunque reportes locales indican que la cifra podría ascender a 12.

Inseguridad limita la labor de los colectivos

El hallazgo en Caborca puso de manifiesto las dificultades que enfrentan los colectivos de búsqueda en el norte de Sonora. María Luz Romero, representante de la Agrupación de Caborca para Localizar Personas Desaparecidas A. C., denunció la falta de seguridad durante las búsquedas, una situación que se ha agravado desde noviembre de 2024.

“Nosotras no podemos entrar porque podríamos entorpecer. Sí queremos entrar, pero no nos permitieron porque la seguridad que había no era para nosotras”, señaló Romero. Agregó que las autoridades justifican la ausencia de apoyo argumentando “el alto índice de inseguridad”, lo que ha dejado a los colectivos sin respaldo en municipios como Nogales, Magdalena, Altar, Caborca, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.

Romero también criticó la falta de respuesta a los oficios dirigidos a la CBPES y a las corporaciones de seguridad, que son necesarias para garantizar la protección de los buscadores. “Es muy lamentable que no tengamos seguridad para la búsqueda de seres queridos”, subrayó.

Impacto de la renuncia

La renuncia de Díaz Ballesteros ha generado incertidumbre entre los colectivos, quienes consideran que su salida agrava la incapacidad del gobierno estatal para atender las desapariciones en Sonora. Según Romero, esta situación representa una violación a los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias.

El hallazgo de la fosa en Caborca, que involucró a elementos de seguridad escoltando al comunicador “Wero Hans”, ilustra los riesgos que enfrentan tanto los colectivos como las autoridades en esta región afectada por la violencia del crimen organizado.

Mientras tanto, las agrupaciones de búsqueda exigen un compromiso firme por parte del gobierno estatal y federal para garantizar la seguridad y fortalecer las acciones de localización e identificación de los desaparecidos.