La reforma judicial impulsada por el Gobierno federal ha desencadenado una salida masiva de jueces y magistrados, lo que pone en jaque la operatividad de los tribunales más importantes del país. Según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al 8 de enero se reportaron 329 plazas vacantes, un aumento del 136% en comparación con las 139 registradas en octubre de 2024, cuando el Senado sorteó las magistraturas que serán sometidas a votación popular en junio de 2025.

La reforma, que incluye nuevas disposiciones salariales y cambios en la designación de jueces y magistrados mediante voto popular, ha generado incertidumbre entre los juzgadores. Muchos de ellos han optado por el retiro anticipado, aprovechando medidas implementadas por el CJF para facilitar el acceso a sus pensiones complementarias.

Tribunales sin titulares
La situación es especialmente grave en los tribunales colegiados de circuito, que resuelven litigios de última instancia. Actualmente, 293 de las 939 magistraturas están vacantes, lo que representa el 31% del total. Además, 69 de los 309 tribunales colegiados están funcionando con dos secretarios y un solo magistrado titular, y en casos extremos, como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Puebla, operan únicamente con secretarios.

El exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro, conocido por haber bloqueado reformas clave del sexenio pasado, fue uno de los renunciantes más destacados. En su mensaje de despedida expresó que la reforma judicial “es contraria a los valores de la República y la división de Poderes”. Otros magistrados emblemáticos, como Jean Claude Tron Petit, también optaron por el retiro, argumentando cansancio e incertidumbre por el futuro del Poder Judicial.

Impacto en casos relevantes
La falta de personal afecta la resolución de casos de gran relevancia, como amparos presentados por Grupo Elektra contra créditos fiscales por más de 6,900 millones de pesos y revisiones de decretos gubernamentales sobre regularización de autos “chocolates”. Además, en tribunales como el de Ciudad Victoria, se debe resolver un litigio internacional relacionado con la retención del buque Zhen Ge, valuado en más de mil 600 millones de pesos.

Otros casos emblemáticos incluyen la revisión de los libros de texto gratuitos del modelo educativo de la 4T y la reapertura del caso de Mario Aburto, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ahora a cargo de un tribunal en Toluca con solo un magistrado titular y dos secretarios.

Elección judicial en suspenso
La Constitución establece que las plazas vacantes deben ser cubiertas en junio de 2025 mediante elecciones, pero el proceso enfrenta complicaciones. Solo la mitad de las mil 700 plazas de juez y magistrado serán sometidas a votación en esta ocasión, lo que significa que algunas vacantes podrían permanecer sin titular hasta septiembre de 2027, cuando se celebren las siguientes elecciones judiciales.

El proceso electoral en sí también enfrenta obstáculos legales. Un tribunal colegiado en Morelia está revisando una suspensión definitiva otorgada por un juez que detuvo temporalmente el proceso de selección de candidatos por parte de los comités de evaluación.

Perspectivas inciertas
La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, advirtió que la acumulación de vacantes y la falta de experiencia de los jueces electos pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema judicial. Aunque los secretarios que actualmente ocupan funciones de jueces y magistrados tienen más experiencia que los posibles ganadores de la elección, su permanencia no es una solución a largo plazo.

En el contexto de esta crisis, el Gobierno de la 4T parece no considerar las vacantes como un problema urgente. Sin embargo, la reducción de independencia judicial y la inexperiencia de los futuros jueces podrían debilitar aún más la confianza en el Poder Judicial, un pilar fundamental para el Estado de derecho en México.