Por tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del TEPJF determinó que el Senado de la República sortee públicamente a los candidatos a jueces y magistrados propuestos por el Poder Judicial de la Federación (PJF), sin pasar por el filtro de evaluación de idoneidad.
La resolución, apoyada por los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y rechazada por Reyes Rodríguez y Janine Otálora, establece que el Senado deberá realizar el sorteo con base en las listas de aspirantes que ya cumplieron los requisitos de elegibilidad, incluyendo a aquellos que el Tribunal ordenó reincorporar.
Proceso acelerado
El TEPJF ordenó que la Mesa Directiva del Senado establezca las medidas necesarias para llevar a cabo el procedimiento de insaculación en un plazo de 24 horas tras la notificación de la sentencia.
El sorteo, que deberá ser público y transparente, tendrá lugar únicamente en los casos en que haya más postulantes que cargos disponibles. Aquellos aspirantes que no tengan competencia numérica pasarán directamente a la boleta correspondiente.
Reglas de insaculación
La Sala Superior determinó que el sorteo deberá atender los siguientes principios:
- Paridad de género: Las ternas y duplas deberán respetar este criterio.
- Especialidad por materia: Los listados se ajustarán según las áreas específicas de cada cargo.
- Transparencia: La lista de personas insaculadas deberá publicarse en medios electrónicos designados por la Mesa Directiva del Senado.
Fechas clave
El Senado tiene hasta el 4 de febrero para remitir las listas de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá aprobarlas el 6 de febrero.
En caso de que el Pleno de la SCJN no dé su aval, se considerará aprobada la lista por afirmativa ficta, permitiendo al Senado enviar las candidaturas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con el proceso electivo.
Contexto y críticas
El procedimiento acelerado responde a los tiempos establecidos para completar el proceso de selección, pero ha generado críticas entre los magistrados opositores y especialistas. Reyes Rodríguez y Janine Otálora señalaron que eliminar la evaluación de idoneidad podría afectar la calidad y la independencia de las designaciones.
La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, argumentó que la medida garantiza la continuidad del proceso en tiempo y forma, respetando los criterios de elegibilidad previamente establecidos por el Comité de Evaluación del PJF.
El fallo también vincula al Senado a garantizar que las listas finales sean remitidas en tiempo a la SCJN y, en caso de desacuerdo, al INE para concluir el proceso electivo.
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