La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de la nueva administración republicana en Estados Unidos podría tener repercusiones directas en el sistema bancario mexicano. Ante este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum estaría obligado a fortalecer las normas de prevención de lavado de dinero, lo que generaría tensiones adicionales en el sector financiero.
En este contexto, se ha intensificado la preocupación por un posible impuesto a las ganancias de los bancos, lo que ya ha despertado inquietudes similares a las surgidas en la reciente reelección de Francisco Cervantes al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Asimismo, en la Asociación de Bancos de México (ABM) crece el debate sobre la necesidad de elegir a un líder con capacidad de diálogo directo con Sheinbaum.
Durante esta semana, en el entorno gubernamental circuló un documento que revela que el sector bancario registró ganancias récord en intereses el año pasado, provenientes en un 60% de personas físicas y familias. Este panorama ha puesto en el centro de las discusiones el endurecimiento de los controles anti-lavado, incluyendo posibles cambios en la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actualmente encabeza Pablo Gómez, cuyo reemplazo se prevé para febrero.
Además, desde diciembre, se han activado medidas como mayores controles en casas de bolsa y restricciones más estrictas para la apertura de cuentas bancarias destinadas a personas deportadas desde Estados Unidos. También se contempla exigir mecanismos más rigurosos para reportar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo que excedan ciertos límites.
El endurecimiento de estas políticas podría complicar operaciones estratégicas, como la venta de HSBC en México, que enfrenta desafíos adicionales tras las sanciones que la institución recibió en el pasado debido a investigaciones relacionadas con fondos provenientes del narcotráfico en Estados Unidos. Aunque el gobierno no tendría objeción en que el comprador sea extranjero, las condiciones actuales podrían dificultar la transacción.
Las medidas anunciadas colocan al sector bancario mexicano frente a retos significativos, tanto por las políticas estadounidenses como por las decisiones fiscales y regulatorias en discusión a nivel nacional.
