La empresa Murata S.A. de C.V., identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una compañía fantasma, ha operado durante años como un eje central en una red de blanqueo de dinero que involucra a instituciones priistas y al Cártel de Sinaloa. Según documentos fiscales y una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), la firma y sus propietarios participaron en desvíos de recursos públicos por más de 300 millones de pesos, además de lavar al menos 901 millones de pesos para el cártel encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Vínculos familiares y operativos
La compañía fue fundada en 2014 por Nino Paolo Ferrari Rodríguez, quien figura como accionista y representante legal. Su padre, Mario Ferrari Gleason, es señalado por la FGR como operador financiero del Cártel de Sinaloa y colaborador directo de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias “La Trilladora”, acusado de financiar la fuga de “El Chapo” en 2015. La investigación reveló que Ferrari Gleason utilizó prestanombres, incluyendo meseras de un restaurante Sanborns, para constituir empresas fachada que movieron cientos de millones de pesos en cuentas bancarias ligadas al cártel.

Pagos del PRI y gobiernos estatales
Murata recibió más de 301 millones de pesos en contratos de diversas instituciones priistas, principalmente en Nuevo León. El gobierno estatal, durante la gestión de Jaime Rodríguez “El Bronco”, transfirió 227 millones de pesos a la empresa entre 2016 y 2019. La alcaldía de Monterrey, encabezada por Adrián de la Garza, pagó 10 millones de pesos por servicios educativos que no fueron comprobados. Otros municipios, como Guadalupe, Santiago y Benito Juárez, también realizaron pagos millonarios a Murata.

A nivel federal, el ISSSTE transfirió 18.5 millones de pesos a Murata en 2018, días antes de que Enrique Peña Nieto concluyera su mandato. Estos pagos se consideran ahora parte de una red de facturación falsa y blanqueo de recursos.

Conexión con el Cártel de Sinaloa
La investigación de la FGR documenta cómo Ferrari Gleason y su socio, José Manuel Miranda Farías, constituyeron empresas fantasma para lavar más de 901 millones de pesos provenientes de la red de “La Trilladora”. Estas compañías utilizaron prestanombres para abrir cuentas bancarias, de las cuales se transfirieron millones de pesos a otras firmas vinculadas al cártel. En un caso, una de las prestanombres recibió depósitos por 93 millones de pesos sin conocimiento del origen de los fondos.

Red internacional de fraudes
Murata también está vinculada a personajes implicados en delitos electorales y fraudes internacionales, como Eduardo Felipe Moisés Salomón y Salvador Campillo Talavera. Moisés Salomón fue señalado por su participación en el esquema de tarjetas Monex durante la elección presidencial de 2012, mientras que Campillo Talavera estuvo involucrado en una estafa piramidal que afectó a más de 5,000 inversionistas en España. Ambos recibieron transferencias regulares de Murata por casi 900,000 pesos cada uno, simulando pagos por servicios.

Un esquema de corrupción y lavado de dinero
El caso de Murata S.A. de C.V. ilustra cómo las empresas fantasma han servido como herramientas clave para desviar recursos públicos y lavar dinero proveniente del narcotráfico. La investigación sigue en curso, mientras se desconoce el paradero de Mario Ferrari Gleason y José Manuel Miranda Farías. A pesar de las múltiples conexiones entre Murata, el PRI y el Cártel de Sinaloa, pocos de los involucrados han enfrentado consecuencias legales.

Con información de El País