El plan de la administración de Claudia Sheinbaum para enfrentar un escenario de crisis de abasto de energía eléctrica dependerá invariablemente del sector privado. A pesar de que la premisa es mantener la rectoría de este sector en manos del Estado, las inversiones estratégicas provendrán de las empresas nacionales e internacionales, pues la inversión pública se verá minada por los gastos de mantenimiento de la red.

En el sexenio se estima una inversión de 23 mil 400 millones de dólares para el Sistema Eléctrico Nacional, según los dichos de la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor. Esta cifra significa 3 mil millones de dólares adicionales a los que se destinaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando el expriista Manuel Bartlett llevaba esa empresa.

De esa inversión, la CFE será responsable de unos 12 mil millones de dólares, mientras que el resto estará a cargo de las empresas privadas dispuestas a inyectar sus recursos en el sistema mexicano. Se busca optimizar e incrementar la infraestructura para generar, sin contratiempos, los 45 mil MWh que se requieren para abastecer la demanda del país; además, se contemplan 13 mil MWh adicionales para colocar la reserva energética permanentemente por arriba del 20%.

La reserva energética es el porcentaje con el que la energía generada por el Sistema Eléctrico Nacional supera la demanda máxima que se requiere en el territorio mexicano. Los especialistas aseguran que en la actualidad esa reserva es inexistente, por lo que frecuentemente el Centro Nacional de Control de Energía programa apagones en estados de emergencia operativa, cuando la reserva llega a ser menor del 3%.

Asimismo, los 12 mil millones de dólares que pondrá el gobierno mexicano durante los próximos seis años ―alrededor de 240 mil millones de pesos― apenas serán suficientes para labores de reconfiguración de plantas y de mantenimiento. Los cálculos indican que sólo para dar cobertura al mantenimiento de la red de transmisión se requieren 20 mil millones de pesos anuales.

El costo de no invertir en este rubro de mantenimiento y reconfiguración es muy elevado: primero, la pérdida de capacidad de generación y transmisión, impensable en un sistema que ya sufre por verse superado por la alta demanda; y segundo, el riesgo de cerrar la puerta a la tecnología y a la modernidad para mantener una infraestructura obsoleta y contaminante.

Por lo tanto, corresponderá a los privados la ampliación de la red. Las empresas internacionales que han mostrado interés por invertir en el tema son las inglesas WTS Energy, XWells, Zuma Energía, YLEM, Tracsa Energía y Engie. Las compañías del Reino Unido resultan una opción interesante para el gobierno de México ahora que no se tiene la mejor relación con las españolas, que solían ser las preponderantes en este mercado.

Posdata 1

Los resultados de la compra consolidada de medicamentos del gobierno federal terminaron siendo bastante más desastrosos de lo que vaticinaron los laboratorios participantes. Si bien el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, aseguró que se lleva un avance del 73% de la adquisición, la realidad es que hasta ayer martes, de 3 mil 900 claves licitadas, apenas se contabilizaban en estatus de adjudicadas mil 538, lo que representa el 39.44%, por lo que seis de cada 10 tipos de fármacos que requiere el sector salud del país aún no tiene proveedor. El resultado en otras palabras es otra vez el desabasto.

Posdata 2

La crisis de impagos a proveedores en Pemex está llegando a niveles límite. Ni los remanentes del ejercicio pasado, la entrega de bonos para su venta en mercados secundarios o el préstamo sindicado de los bancos internacionales son suficientes para cubrir los más de 20 mil millones de dólares que se deben a grandes, medianas y pequeñas empresas. El tema es de tanta preocupación en Palacio Nacional que se ha pensado en relevar de la dirección de la petrolera a Víctor Rodríguez Padilla, quien llegó al cargo por sus dotes de experto académico, pero con nulas soluciones financieras.

Posdata 3

En el Décimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito todavía no terminan de decidir las sanciones a las que se harán acreedores los accionistas mayoritarios de Grupo GICSA, en específico Elías Cababie Daniel y Jaime Dayán Tawil, quienes habrían falsificado documentos para enlistarse en la Bolsa Mexicana de Valores. El asunto ya cuenta con una confesión expresa de los culpables y hasta procesos penales contra los mismos, por lo que no se explica la tardanza de los magistrados en sacar la resolución.

Los magistrados Gabriela Cortés Araujo, Óscar Magaña Barragán y Alejandro Sánchez López, este último presidente del Tribunal, dejaron esa tarea de diseño de la sentencia en su secretario de Acuerdos, Raymundo Ayala Castro; sin embargo, éste lleva semanas sin avanzar en el documento, a pesar de que ya hay denuncias en la Fiscalía General de la República contra los integrantes del Colegiado, precisamente por el retraso en las sanciones contra los accionistas de la empresa inmobiliaria.

El tema ha llegado también al Consejo de la Judicatura Federal y probablemente será de los asuntos que se hereden más adelante al nuevo Tribunal de Disciplina, porque la magistrada Cortés Araujo busca quedarse en el cargo y es aspirante a participar en la primera elección judicial. Como juzgadora en funciones, ella tiene para las primeras etapas pase automático, pero el escándalo que ya le ha generado el caso GICSA podría arruinar sus intenciones.

Posdata 4

En Palacio Nacional se alista el anuncio de los proyectos turísticos de Guerrero por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, en conjunto con la gobernadora Evelyn Salgado, para el relanzamiento de Acapulco.

El impacto de los proyectos será en todo Guerrero, por lo que las reuniones de trabajo se realizan al más alto nivel, razón por la que la gobernadora morenista se reunió en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular de Educación Pública, Mario Delgado, y el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez.