La conducta presidencial se presenta prudente, cuidadosa, de rigor, aunque de repente con resbalones. Por debajo de ese manto, el saldo no es el mejor. En una semana, dos estados morenistas entraron en crisis políticas derivadas de la inseguridad: Sinaloa y Tabasco. La elección del Poder Judicial corre con todas sus insuficiencias, sus desórdenes e inequidades y la obligada vigilancia del proceso ha quedado relegada. Las fallas en las operaciones del gobierno, las faltas en las Secretarías de Estado, la deuda de Pemex, quedaron igualmente debajo del manto del conflicto binacional.

En el tema migratorio, el nudo del conflicto, el gobierno mexicano despliega una estrategia que quisiera ser eficiente y puntual y en la que involucra a secretarios de Estado ante la falta de respuesta de los gobiernos estatales y de áreas que por su naturaleza deberían ser las encargadas de esas operaciones. La instalación de nueve centros de atención a migrantes es, sin duda, una reacción inmediata para el control interno del flujo de deportados y la captación de los extranjeros que pululan y ya no pudieron ingresar a Estados Unidos.

La contención es un asunto esencial para el entendimiento con Estados Unidos.

El problema es la institucionalidad del esfuerzo. El raro caso de contar con dos titulares del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, el saliente, y Sergio Salomón, el entrante, anula la autoridad. Garduño, envuelto en casos penales, sigue siendo el funcionario que mantiene la comunicación cotidiana con sus pares estadounidenses. En el día a día dialoga con funcionarios migratorios norteamericanos y colabora en la definición de las formas en que son entregados los migrantes expulsados de Estados Unidos. Pero es un funcionario débil, desautorizado. Salomón es un disciplinado observador, que guarda el nombramiento en la bolsa de su pantalón. Lo mejor sería nombrar a un tercero, ajeno a las telarañas de los grupismos políticos y que realmente comprenda la delicadeza del brete migratorio.

En materia de seguridad, el otro tema sensible, la gestión de Omar García Harfuch da diariamente dos pasos adelante para dar uno hacia atrás. Todos los días anuncia una detención relevante al momento que estalla un nuevo conflicto. El descontrol se reconvierte en lío político, que ya le resulta ajeno al secretario.

Al menos cuatro gobiernos morenistas están prácticamente intervenidos por Fuerzas Armadas federales en la intención de contener la narcoviolencia: Sinaloa, Tabasco, Guerrero y Chiapas. La presencia de fuerzas federales no ha minado el control territorial que grupos criminales mantienen en regiones enteras. Falta camino por recorrer.

Había una expectativa de que el gobierno mexicano mostrara para el 20 de enero autoridad en Sinaloa. Lo que ha ocurrido, en contrario, es la gestación de una crisis política derivada de la narcoviolencia.

Junto con ello, Tabasco se ha convertido en polvorín. La violencia cotidiana, el huachicol incontrolable, la olla de Pemex a punto de estallar, y la impericia del gobierno de Javier May para encarar las dificultades, colocaron a esa entidad en el primer rango de riesgo que ha hecho olvidar, por ejemplo, los problemas de Guanajuato.

El hilado tendrá que ser fino. Apenas va una semana del vendaval. Faltan 207 semanas. Será difícil improvisar en los mil 454 días más de gobierno trumpista. Nunca como ahora la diplomacia y las relaciones binacionales están firmemente atadas a las circunstancias nacionales.