Wendy Hechtman era una periodista de Nebraska, Estados Unidos. Quedó huérfana siendo niña, sufrió abuso sexual, se volvió adicta a las drogas y, en 2017, se convirtió en productora minorista de carfentanilo, una droga sintética 100 veces más potente y mortal que el fentanilo. Su caso tiene una repercusión especial. Hace tres semanas, Joe Biden perdonó a Hechtman, en una lista de más 1,500 personas que recibieron clemencia, un mes antes de que Donald Trump regrese al poder. Ahora, medios conservadores y congresistas republicanos están usando el caso Hechtman para “explicar” por qué Biden no ha combatido la crisis de sobredosis por fentanilo en EU y por qué ese país debería ser “mucho más duro” con México.
Hace poco, la agencia Reuters reportó, usando datos oficiales, que el 95% de los decomisos que el gobierno anunció eran laboratorios inactivos, por lo que México no estaba realmente combatiendo la producción. En todo caso, estos reportes y los informes oficiales confirman la existencia de laboratorios de fentanilo en México, aunque el gobierno de vez en cuando decida negarlo.
En 2021, el Talibán retomó el control de Afganistán y prohibió la venta de opio. Eso disparó la producción de fentanilo en México y la ampliación de los mercados europeos para los grupos criminales mexicanos, según un estudio publicado en The Lancet esta semana.
Ahora, en México no solo se “termina” el fentanilo con precursores que vienen de China. Un reporte del Departamento de Estado de EU asegura que, actualmente, México controla la producción de seis precursores. Distintas fuentes oficiales, y las fuentes relacionadas con el narcotráfico con quienes he hablado, confirman que también se fabrican más de 30 sustancias relacionadas análogas, como el peligroso carfentanilo.
En 2022, México y EU se comprometieron a disminuir la producción, distribución y consumo de drogas sintéticas. Pero nada de eso ha sucedido. EU ha colocado en sus listas de lavadores de dinero a más de 272 personas y entidades radicadas en México. Han ofrecido más de 100 millones de dólares en recompensas a quien les dé información sobre los operadores de la cadena de producción y suministro de fentanilo, han donado perros, trajes de protección, han ofrecido entrenamientos. México ha cambiado reglas de importación, ha anunciado nuevas medidas, pero los decomisos y las muertes siguen muy altos.
Ahora, a unos días de que inicie la nueva administración Trump, en el Congreso de EU usan casos como el perdón de Wendy Hechtman para respaldar propuestas extremas: promover una acción militar contra los narcotraficantes en territorio mexicano, o considerarlos “organizaciones terroristas extranjeras” y por tanto a México como un país que las permite.
Este es el contexto muy delicado en el que se publicó hace unos días un reportaje en el New York Times sobre un laboratorio casero y modesto en Sinaloa, donde las reporteras aseguran que presenciaron una parte de la producción del fentanilo mexicano. El momento político y el contexto que he descrito pueden explicar la abrupta reacción del gobierno mexicano para centrarse en desmentir algunos detalles del reportaje y, con ello, tratar de negar lo innegable.
En EU, los perdones oficiales y el incremento de las muertes por carfentanilo ponen presión a los políticos que negociarán con México. En México, no se trata solo de una crisis de imagen pública. Se trata, muy seriamente, de la delicada relación bilateral que viene.
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