La presidenta Claudia Sheinbaum tiró agua fría sobre las incendiarias declaraciones del presidente Donald Trump y sus órdenes ejecutivas con impacto en México. Sheinbaum lo hizo minimizando sus acciones, comparándolas con algunas que emprendió durante su primer periodo en la Casa Blanca, como las barreras fronterizas y la declaración de emergencia para cerrar la frontera para evitar el paso de migrantes indocumentados, o encerrando en el ámbito legal local algunas otras, como la pretensión de iniciar el proceso para designar a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas internacionales. Su diagnóstico sería correcto salvo que la problemática interna en México en 2019 no es la que se vive en 2025. El contexto establece dos realidades muy distintas que impiden analizar en espejo acciones y decisiones, y altera su llamado a defender la soberanía mexicana.

No hay duda de que la soberanía, que es la capacidad de un gobierno para tomar decisiones de manera autónoma e independiente, está en riesgo por el apetito injerencista histórico de Estados Unidos, y produce resultados inesperados, como ayer, cuando la Presidenta cedió tácticamente a una de las imposiciones que lanzó Trump tras tomar posesión, la reinstalación del programa ‘Quédate en México’ –para que vivan en territorio mexicano inmigrantes extranjeros mientras se tramita su ingreso a Estados Unidos–, que había rechazado reiteradamente.

La soberanía mexicana sí ha sido horadada y las intervenciones de Estados Unidos en este país no nos son ajenas. La última fue la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio del año pasado, resultado de una operación clandestina de unidades de élite estadounidenses, de la cual se enteró el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando su vocero le informó que la prensa estaba difundiendo la detención de Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el instrumento utilizado por las agencias estadounidenses. Sin embargo, la explicación de esa intervención ajena al conocimiento de López Obrador era la certeza de que si le hubieran informado al expresidente, probablemente se habría dado una filtración que alertara al jefe del Cártel de Sinaloa.

La intervención extranjera en territorio mexicano, de cualquier manera, no se justifica bajo cualquier motivo o consideración. Pero la soberanía mexicana fue debilitada y vulnerada por la política de “abrazos no balazos” de López Obrador, que permitió el crecimiento y empoderamiento de los cárteles de las drogas, en particular el de Sinaloa, al tiempo que se convertía en el principal traficante de fentanilo a Estados Unidos, donde la crisis de salud por esa droga estalló en 2019. López Obrador hablaba siempre de la soberanía mexicana, mientras que amparados en sus acciones los cárteles construían sus santuarios, como fueron Sinaloa y Jalisco.

No es algo que desconociéramos. En 2022 el Comando del Norte de Estados Unidos –de donde expulsaron al gobierno de López Obrador hace un año, con lo cual reclasificaron a la baja la confianza con el gobierno mexicano– afirmó que los cárteles de las drogas controlaban entre 30 y 35% del territorio mexicano. El expresidente rechazó la afirmación, pero la conversación y el hartazgo con él fue quedando cada vez más claro en Washington, en el Capitolio y entre los funcionarios estadounidenses que acudían a audiencias sobre seguridad e inteligencia, que cuestionaban su rol con las organizaciones criminales.

Hace 10 meses Antony Blinken, secretario de Estado del expresidente Joe Biden, dijo en una de esas audiencias que era “acertado” señalar que partes del territorio mexicano estaban controladas por los cárteles de la droga. La captura de Zambada probó que las afirmaciones eran certeras.

Los más de cuatro meses de guerra en Culiacán, derivada de la implosión del Cártel de Sinaloa tras la captura, probaron que la pax narca que imponía Zambada se había quebrado, dejando un vacío de autoridad. El mismo López Obrador, con cinismo, ingenuidad o preocupación, acusó a Estados Unidos de haber sido el promotor de la violencia por detenerlo, lo que sugería que la estrategia de “abrazos no balazos” fue una estrategia para intercambiar gobernabilidad por control criminal sobre la vida y destino de comunidades, ciudades y estados.

La violencia contra ciudadanos estadounidenses y el tráfico de fentanilo hacia ese país fue catalogado como una amenaza a la seguridad nacional. Esa visión no se quedó en el gobierno demócrata, sino que se trasladó de manera integral a la nueva administración Trump. El domingo pasado en una entrevista con la cadena de televisión CBS, el nuevo consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, reiteró que era inadmisible que los cárteles de la droga controlaran 30% del territorio mexicano, un crecimiento de 10% en sólo cinco años, de acuerdo con un informe confidencial de la CIA. Días antes de la declaración de Waltz, en su audiencia de confirmación, el secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que los cárteles tenían control operativo sobre “grandes franjas” de las regiones fronterizas entre México y Estados Unidos, que afectaba a la soberanía de México y a sus procesos políticos.

La presidenta Sheinbaum tendría que añadir todos estos elementos a su análisis y diagnóstico para ver la diferencia de hoy con hace ocho años y en sus llamados a la defensa de la soberanía, entender –porque no lo aceptará jamás públicamente– que la persona principalmente responsable de haberla colocado en esta situación y al país en riesgo de nuevas injerencias directas de Estados Unidos, es López Obrador.

Haber ordenado Trump el inicio del proceso para clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, es consecuencia directa de la política de “abrazos no balazos” y, al mismo tiempo, en caso de que el Departamento de Estado concluyera que legalmente procede etiquetarlos así, el expresidente estaría en riesgo de ser marcado por Estados Unidos como un colaborador de los cárteles, dado que la ley que establece esa relación es muy amplia y no necesita siquiera haber tenido relación directa.

Sheinbaum está pagando los costos políticos que le dejó López Obrador, pero difícilmente se los va a transferir. Pero cuando habla de traidores a la patria, no son algunos opositores al régimen porque celebren los dichos de Trump sino su predecesor, que nos traicionó a todos en los hechos.