El 9 de enero, Venezuela fue escenario de un episodio que, más allá de los detalles, revela cómo el país ha dejado de ser solo una crisis interna para convertirse en un campo de batalla geopolítico. Todo comenzó con el anuncio de una marcha liderada por María Corina Machado en Caracas, un acto de desafío directo al régimen de Nicolás Maduro. Desde el inicio, el día estuvo marcado por la tensión: cortes de internet en puntos estratégicos, movilización de efectivos armados y rumores que apuntaban a la presencia de actores extranjeros.

María Corina llegó a Chacao, pero antes de que pudiera terminar su discurso, fue secuestrada. La versión oficial lo niega, pero las imágenes de su desaparición y la confirmación de su entorno no dejan dudas. Apenas unas horas después, fue liberada tras lo que parece haber sido una presión internacional inmediata. Se habla de una llamada desde la oficina de Donald Trump y hasta de contactos directos de fuerzas israelíes con el Palacio de Miraflores.

Irán, aliado clave de Maduro, tiene un pie bien firme en PDVSA, la columna vertebral de la industria petrolera venezolana. Sus técnicos operan en instalaciones clave, consolidando la influencia de Teherán en un recurso estratégico que también atrae a Israel, ansioso por contener a su rival.

En este contexto, como apunta Hal Brands en Bloomberg, el próximo mandato de Trump estará marcado por un enfoque más local: “El hemisferio occidental se perfila como un hogar para cadenas de suministro más seguras y resilientes, lejos de la influencia china y rusa”. Pero la pregunta es si Trump moverá ficha para despojar a Irán de su control parcial sobre PDVSA, una jugada que requeriría algo más que sanciones.

Mientras tanto, México ha encontrado su propio lugar en el tablero. Aunque públicamente ofrece un apoyo tibio a Maduro, los intereses energéticos y comerciales parecen estar dictando sus acciones. Acuerdos recientes, como el firmado en 2024 entre PEMEX y las autoridades venezolanas, buscan fomentar la cooperación en hidrocarburos. Sin embargo, los antecedentes hacen levantar cejas.

El caso de Libre Abordo, una empresa mexicana sancionada por Estados Unidos en 2020 por comercializar crudo venezolano bajo el esquema de “petróleo por alimentos”, demuestra cómo intereses privados han usado la bandera humanitaria para eludir sanciones. ¿Es descabellado pensar que México podría estar beneficiándose del crudo venezolano y haciéndolo pasar por propio? Después de todo, ya enfrentó acusaciones similares con el acero chino. Como dice el dicho: si no suena lógico, suena metálico.

Y aquí es donde todo se conecta. Venezuela no es solo un problema de derechos humanos o democracia; es un botín codiciado por potencias y aliados regionales. Todo parece apuntar hacia el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. Hasta entonces, el tablero permanecerá inmóvil, pero las piezas ya están listas para un cambio drástico.

Si algo necesita Trump para cumplir sus ambiciones hemisféricas, es petróleo, y Venezuela lo tiene.

Mientras tanto, los venezolanos siguen siendo peones sacrificados en esta partida que parece diseñada para beneficiar a todos, menos a ellos.