EN COAHUILA, CONCRETAMENTE en Torreón, los empresarios Salomón y Nesim Issa Tafich, mantienen un control férreo de las autoridades de justicia.

Esto ha quedado de manifiesto luego de haber salido a la luz pública el caso que estas personas llevan contra Arturo Gómez Lara, dueño de la empresa EON Energy.

A Gómez Lara lo denunciaron penalmente por la realización de un supuesto fraude, del que no presentaron ninguna prueba que demuestre una afectación económica.

El caso se deriva de venta de energía eléctrica en la que participó Integra Potencia, Consultoría en Hidrocarburos y Electricidad (IPCO), de Noé Navarrete, con la que dicen tener un contrato de exclusividad, a pesar de que esos acuerdos están prohibidos en la ley de la industria eléctrica.

Además, es importante señalar que la relación de negocios que involucra a IPCO es anterior y nada tiene que ver con Gómez o su empresa EON Energy.

Y es que después de más de un año de estar recluido en una prisión de Torreón, bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, concluyó el periodo para que cada parte presentara sus pruebas.

En este sentido, los Issa Tafich no lograron acreditar ningún elemento que vincule directamente a Gómez Lara: sólo utilizó el testimonio de dos empleados.

Ya no es posible presentar más pruebas, por lo que la defensa de Arturo Gómez concluye que se trató de un acto concertado para sacar del mercado a su cliente.

Estas tácticas para presionar a competidores e incluso a ex empleados a través del aparato judicial del estado que gobierna Manolo Jiménez, son utilizadas de manera recurrente por los dueños de Grupo SIMSA.

Hay evidencia de otros casos en los que han actuado de forma similar, en el que la fabricación de delitos con apoyo de las autoridades ha sido una constante.

Hace algún tiempo, Gas Natural del Noroeste, propiedad también de los Issa, presionó a las autoridades de Veracruz para que cerrara las instalaciones de su competidor Destiladora del Valle, hasta que finalmente por falta de elementos probatorios tuvieron que reabrirla. Algo parecido pasó con MEP Energy, a la que presionaron para que se desistiera de una denuncia por despojo relacionada con la construcción de un gasoducto en Navojoa, Sonora.

Asimismo, SIMSA ha dificultado la incursión de Costco al negocio de las gasolineras en Torreón, por afectar sus intereses, esto vía la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, que ha puesto cualquier cantidad de obstáculos para el inicio de operaciones de las nuevas estaciones de servicio de la cadena de supermercados.

Estos hechos hacen imperativo que las autoridades federales investiguen a este grupo, cuya influencia en los impartidores de justicia y la Fiscalía, comandada por Federico Fernández, ha sido más que evidente, socavando con ello cualquier posibilidad de competencia.

DURANGO, UN ESTADO clave para la minería en México, enfrenta una crisis que el gobierno federal parece ignorar. Reconocido por sus vastos yacimientos de oro, como los de la zona de Metates, y por ser el segundo productor de plata a nivel nacional, la entidad que gobierna Esteban Villegas enfrenta una disminución de 60% en la exploración de nuevos yacimientos debido a las políticas restrictivas del gobierno. El sector privado empresarial del estado, en voz de Bernardo Ysita del Hoyo, reclama la falta de apoyo del gobierno mexicano, que no está haciendo lo suficiente para desbloquear las inversiones necesarias, lo que ya afecta la industria minera, sobre todo por las reformas aprobadas recientemente. En un estado que representa 22.7% de la producción nacional de plata y 13.6% de la de oro, la falta de apoyos está llevando a comunidades enteras al borde de la inestabilidad y el riesgo de realizar actividades ilícitas. La falta de impulso a la minería podría mermar los planes recaudatorios: el aumento de la tasa de derecho especial sobre minería a 8.5% y 4.7% a las cuotas relativas a las inversiones en las obras y trabajos mineros, así como para el valor de los productos minerales obtenidos en las concesiones.

COMO SE VEÍA venir, el municipio de Guadalajara canceló definitivamente la concesión que tenía Caabsa Eagle, de los hermanos Luis y Mauricio Amodio, para el servicio de recolección de basura que tenían desde hace 30 años. La alcaldesa Verónica Delgadillo decidió asumir esa responsabilidad a pesar de que, a decir de todos los expertos, no tiene un plan definido para mantener el servicio. Quizás por eso se curó en salud y dijo que tardará tres meses para que las cosas regresen a la normalidad. También la empresa por su parte hizo lo mismo. Se deslindó de cualquier afectación en la recolección de basura, responsabilizando de la crisis a la alcaldesa y su cabildo. Lo cierto es que más allá de quien tenga la razón, las serias dudas sobre el desempeño de Caabsa Eagle y los ganadores de la licitación de la venta de los nuevos camiones, la ciudadanía y visitantes de Guadalajara padecerán varias semanas el resultado de este conflicto que tendrá varios episodios.

LOS PROBLEMAS PARA Engie México, que lleva Felisa Ros, no terminan. La segunda empresa más importante de gas natural en el país no ha logrado aclarar las fallas en su red de distribución que han ocasionado accidentes y cobrado vidas y han dejado a otras víctimas graves en Matamoros y Ciudad Madero, Tamaulipas. Tampoco la Fiscalía del estado que gobierna Américo Villarreal ha determinado mediante peritajes independientes, si la compañía, que construye el gasoducto Mayakan hacia la península de Yucatán, cumplió con los protocolos de seguridad y mantenimiento. Hace unos días falleció otra víctima por quemaduras. El asunto ya preocupa en su sede en Francia que dirige Catherine MacGregor. Recuerde que el gobierno de Emmanuel Macron es el accionista mayoritario de Engie.