El espionaje en México ya no es secreto: las fiscalías, gobiernos estatales, Pemex, la Guardia Nacional y la Sedena han usado herramientas de vigilancia sin orden judicial ni facultades legales.

No es una teoría de conspiración, es un hecho documentado. Toda la información que mencionaré en esta columna es gracias al informe “El estado de la vigilancia”, publicado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

El Estado de derecho ya no existe y pronto ya no existirá la división de poderes. Si alguna autoridad quiere meterse en tu vida, no necesita el visto bueno de un juez.

La privacidad es un lujo para los países con leyes que castigan a los que no respetan ese derecho digital que todos deberíamos gozar al navegar por internet.

Las cifras hablan por sí solas. En 2017, los jueces federales recibieron casi dos mil solicitudes de intervención de comunicaciones. Para 2023, esa cifra subió a casi once mil.

Un crecimiento del 80% en el sexenio de López Obrador.

El mismo que prometió acabar con los abusos de poder.

La Guardia Nacional, por ejemplo, reportó haber pedido autorización para espiar 92 veces en el 2020. Sin embargo, según los datos se intervino 289 lineas telefónicas.

Ups, pequeño desliz. Se les olvidó reportar 197 intervenciones extra.

La Fiscalía de Chihuahua también se confundió: En la Plataforma Nacional de Transparencia dijo haber solicitado 524 intervenciones, pero luego admitió que fueron 601.

Total, qué más da, ¿no? A fin de cuentas, aquí nadie se preocupa por el gobernado.

El modus operandi es tan burdo que ofende.

Se abre una carpeta de investigación por un delito grave (secuestro, narcotráfico, terrorismo, lo que sea), se meten ahí nombres de periodistas, activistas o políticos incómodos, y con eso se justifica la intervención de sus comunicaciones. Listo, espionaje legalizado sin necesidad de jueces.

Y ahí no acaba la historia.

También se han comprado y utilizado herramientas como Pegasus, FinFisher y Galileo, programas diseñados para infectar dispositivos y acceder a toda la información del usuario. Estos juguetitos de espionaje han sido utilizados por gobiernos anteriores y actuales, sin distinción de partido.

Estimado lector, deje de ver ideologías o colores. Todos los políticos al llegar al poder, se embriagan de él.

Pero, ¿dónde están los responsables de este abuso sistemático? En ninguna parte.

Desde 2017 se han presentado denuncias penales contra el uso ilegal de Pegasus.

¿Cuántos culpables han sido procesados? Cero.

La Fiscalía, en lugar de investigar, se dedica a poner trabas, fragmentar los expedientes y cargarle la prueba a las víctimas.

Un clásico de la burocracia mexicana.

Mientras tanto, el Ejército se niega a hacer públicos los contratos con NSO Group, empresa creadora de Pegasus, a pesar de que el ex presidente y hoy Sheinbaum prometieron transparencia total.

En México el espionaje es política de Estado.

Lo ha sido por años y lo seguirá siendo mientras nadie pague por ello.

La única diferencia es que ahora ni siquiera se esfuerzan en ocultarlo.