El Congreso de Estados Unidos está a punto de aprobar una nueva ley que facilitaría las deportaciones de inmigrantes sin documentos legales, incluso si solo han sido acusados de delitos menores y no condenados. La iniciativa, conocida como Ley Laken Riley, ya fue aprobada en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista y avanza hacia su aprobación final en el Senado, donde también ha contado con respaldo demócrata.
El presidente electo, Donald Trump, quien asumirá la Casa Blanca el próximo 20 de enero, podría contar con esta herramienta legal para endurecer las políticas migratorias que prometió durante su campaña. La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante asesinada en Georgia por un inmigrante venezolano en situación irregular, caso que Trump usó como bandera política.
En la Cámara de Representantes, la ley fue aprobada con 264 votos a favor y 159 en contra, incluyendo el apoyo de 48 congresistas demócratas. En el Senado, la votación clave para superar el filibusterismo obtuvo 84 votos a favor y 9 en contra, un apoyo significativo que asegura la posibilidad de su aprobación con mayoría simple en las próximas sesiones.
El texto actual de la ley establece que inmigrantes sin documentos que sean acusados, detenidos o condenados por delitos como hurtos o robos menores deberán ser arrestados y deportados de inmediato. También otorga a los estados la posibilidad de demandar al gobierno federal si logran demostrar daños causados por inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país.
El apoyo de algunos demócratas ha marcado un cambio de estrategia respecto al primer mandato de Trump, cuando el partido se opuso firmemente a sus políticas migratorias. Rubén Gallego, senador demócrata por Arizona, y John Fetterman, de Pensilvania, justificaron su respaldo a la iniciativa señalando la necesidad de abordar la crisis fronteriza y reforzar la seguridad.
Sin embargo, otros demócratas y organizaciones proinmigrantes han criticado duramente la medida. Alegan que la ley vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el debido proceso, al permitir deportaciones basadas únicamente en acusaciones. También advierten que centrarse en delitos menores podría desviar recursos que deberían destinarse a combatir casos de mayor peligrosidad.
Juliana Macedo do Nascimento, de United We Dream Action, calificó la ley como “explotadora” y señaló que busca avanzar en la agenda de deportaciones masivas promovida por Trump. “Es decepcionante que algunos demócratas hayan caído en las trampas políticas de los republicanos en lugar de defender un sistema de inmigración humano y justo”, afirmó.
La Ley Laken Riley ha generado un fuerte debate en medio de la transición presidencial en Estados Unidos. Mientras Trump planea endurecer las políticas migratorias, el actual presidente, Joe Biden, ha optado por extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de inmigrantes de países como Venezuela, El Salvador y Ucrania, permitiéndoles permanecer legalmente en el país.
Con la posibilidad de que la nueva ley sea aprobada esta semana, se espera que Trump la utilice como base para implementar deportaciones masivas, comenzando con inmigrantes acusados de delitos menores y expandiéndola progresivamente. Por su parte, el Congreso planea discutir otras medidas complementarias, como obligar a solicitantes de asilo a permanecer fuera del país mientras se resuelve su caso y recortar financiamiento federal a ciudades que no cooperen con las autoridades migratorias.
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