Las autoridades de México y EU celebran discretamente el hallazgo. Es el más reciente entre decenas de investigaciones en los últimos años, en las que han participado el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations (HSI), con agentes mexicanos. En esos operativos, de los que pocas veces se informa a la prensa, agentes de ambos países han hallado decenas de laboratorios en funcionamiento, la mayoría en Sinaloa, que se dedican a acondicionar el fentanilo, sintetizarlo, o convertir pre-precursores en precursores.

En las últimas semanas, varios actores clave de esa colaboración, que estaban radicados en México, han sido reasignados a EU, previo al inicio del nuevo gobierno de Donald Trump. Algunos temen que los gobiernos de ambos países frenen años de cooperación.

Durante años, agentes de ambos países me han contado sobre una relación tensa, pero funcional, que ha permitido intervenir laboratorios y centros de empastillado. Gracias a esto, los agentes han confirmado que, por seguridad, los fabricantes han subdividido la producción de fentanilo en fases, que ocurren en lugares distintos. “Donde se hace la síntesis no se hacen las pastillas. La síntesis está particionada para que sea casi indetectable”, me dijo un agente.

Juntos, ambos países han operado compras controladas de droga, para entender cómo empresas chinas e indias venden precursores de fentanilo y los envían a México, Canadá y EU. Y, juntos, han investigado también cómo se paga a los proveedores en China, a veces usando intermediarios en EU o en México.

Esta no es la única prueba de que México no solo sabe que sí se produce fentanilo en el país, sino que ha colaborado con EU para frenar esta operación criminal. El caso Algredo es un buen ejemplo de este trabajo conjunto.

En 2014, Carlos Algredo fundó la comercializadora MB Barter & Trading Mexico y la registró ante Cofepris. Pronto, Barter comenzó a enviar productos químicos a Pro Chemie New York, una compañía con sede en Queens, NY, que operaba Javier Algredo, hermano de Carlos. En 2020, un gran jurado en EU acusó a Carlos de usar las empresas para enmascarar la compra y envío de precursores de metanfetaminas y fentanilo.

Un año después, detuvieron a Javier. Lo juzgaron y sentenciaron en febrero pasado a 18 años, por introducir a EU los precursores para producir más de dos mil millones de dosis de fentanilo y por transferir millones de dólares de EU a proveedores en China e India. Entre Carlos, Javier y otros cómplices, importaban productos de China e India hacia México, que luego enviaban a EU, según explicó una investigación de Insight Crime.

Los fiscales dijeron que Javier, desde NY, era un intermediario que hacía compras para el Cártel de Jalisco Nueva Generación. La embajada de EU en México celebró la sentencia como uno de los “esfuerzos compartidos para proteger nuestras naciones y su bienestar”. En mayo pasado, México extraditó a Francisco Pulido, un cómplice de los Agredo. El caso continúa bajo investigación.

Meses después, las autoridades judiciales de EU revelaron otro caso de una empresa china operando a través de México. Los operadores de Hubei Aoks, dice la investigación, dijeron que los precursores de fentanilo eran los productos más populares entre sus clientes de México, que los vendían en paquetes de un mínimo de 25 kilogramos y que las ganancias eran tan buenas que “bien valía la pena el riesgo”.

Ahora, las autoridades de México insisten en negar públicamente incluso el trabajo que ellas mismas han hecho. Mientras, EU se prepara para una nueva era Trump. En medio, todo el trabajo que han hecho agentes de ambos países, aunque esté lejos de ser suficiente, está en riesgo.