La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó un contrato por 235 millones de pesos a la empresa IDI Desarrollos para el suministro de balasto, piedra esencial para la construcción de vías férreas, como parte del proyecto conocido como el “Tren Fantasma”. Sin embargo, la compañía no cuenta con antecedentes en la venta de este tipo de material, lo que ha generado cuestionamientos sobre la asignación del contrato.
El proyecto, oficialmente denominado “Reubicación de las vías férreas de Nogales, Sonora”, consiste en la construcción de un tramo ferroviario de 63 kilómetros que atraviesa los municipios de Ímuris, Santa Cruz y Nogales. Desde su inicio en abril de 2023, la obra ha estado rodeada de controversias debido a la falta de transparencia, la ausencia de estudios ambientales y la carencia de consultas públicas con las comunidades afectadas, lo que le ha valido el apodo de “Tren Fantasma”.
El contrato y la empresa beneficiada
El contrato otorgado a IDI Desarrollos establece la compra de 205 mil metros cúbicos de balasto, con un costo unitario de 989 pesos por metro cúbico, que debieron ser entregados antes del 31 de julio de 2024 en un almacén ubicado en el municipio de Santa Cruz, Sonora.
Según el documento de adjudicación, la empresa, con sede en Hermosillo, firmó el convenio el pasado 26 de marzo mediante su representante legal, José Antonio Mungaray Andrade.
IDI Desarrollos fue creada en 2007 y se ha dedicado principalmente a obras de construcción, rehabilitación y restauración en Sonora. Aunque su acta constitutiva permite actividades relacionadas con la comercialización de materiales, no existen registros previos de que haya participado en la venta de balasto o materiales similares, lo que genera dudas sobre su experiencia y capacidad en este rubro.
Procedimiento cerrado para la adjudicación
La Sedena adjudicó el contrato mediante el mecanismo de invitación a cuando menos tres personas, lo que restringe la participación a empresas seleccionadas directamente por la dependencia, limitando así la competencia abierta. Este método ha sido señalado por expertos como una vía que puede favorecer adjudicaciones discrecionales.
Al optar por este procedimiento, el Ejército eligió las compañías que participarían en el proceso, dejando fuera a otras empresas especializadas en la venta de materiales ferroviarios.
Crecimiento financiero de IDI Desarrollos con recursos públicos
De acuerdo con el portal “Obras Transparentes Sonora”, IDI Desarrollos ha sido beneficiada desde 2021 con 14 contratos del gobierno estatal, por un monto total de 118.4 millones de pesos. Sin embargo, el contrato con la Sedena por el balasto representa casi el doble de las ganancias obtenidas por la empresa en los últimos cuatro años con el gobierno estatal.
Este crecimiento financiero ha generado suspicacias, especialmente porque el proyecto del “Tren Fantasma” ha sido criticado por la opacidad con la que se ha manejado desde su inicio.
El “Tren Fantasma”: un proyecto rodeado de controversias
El “Tren Fantasma” ha sido objeto de múltiples críticas debido a la falta de transparencia por parte de la Sedena. Hasta ahora, no se han presentado estudios ambientales ni se han realizado consultas públicas con las comunidades afectadas, como lo exigen las leyes mexicanas para proyectos de esta magnitud.
Además, el proyecto ha sido señalado por no detallar sus objetivos, plazos y presupuestos con claridad, lo que ha generado incertidumbre entre las comunidades por las que pasará el tren.
Cuestionamientos y pendientes
La adjudicación de este contrato plantea dudas sobre los criterios utilizados por la Sedena para seleccionar a IDI Desarrollos como proveedor de balasto, considerando su falta de experiencia en este tipo de suministro.
Organizaciones de transparencia y especialistas en obras públicas han advertido sobre los riesgos de recurrir a procesos cerrados de adjudicación, ya que estos pueden favorecer la discrecionalidad y limitar la participación de empresas más capacitadas.
El caso del “Tren Fantasma” y el contrato con IDI Desarrollos pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de mayor transparencia en los proyectos de infraestructura financiados con recursos públicos.