LAS NUEVAS protestas de empleados del Poder Judicial ocurren dos días después de que sintieron un primer golpe ahí donde más duele… en el bolsillo.
CUANDO llegó el pago de la primera quincena de enero, los 330 funcionarios de nivel directivo y una buena parte de los jefes de área de la Suprema Corte vieron reflejado el recorte de 30 por ciento en sus ingresos derivado de la reforma judicial. La austeridad va tan en serio, que ya hasta cerraron el comedor de los ministros.
DE AHÍ que en la reunión que sostuvieron el jueves integrantes de la Corte encabezados por su presidenta, Norma Piña, con la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, uno de los temas abordados fue una petición de ampliación presupuestal.
LA IDEA es evitar que, de aquí a las elecciones de junio, los trabajadores del Poder Judicial paguen los platos rotos, y cuentan que la plática fue en buenos términos y que seguramente habrá una respuesta favorable.
QUIENES saben cómo andan las cosas en la cúpula empresarial dicen que en la ampliación de un año a la gestión de Francisco Cervantes al frente del CCE mucho tuvo que ver su relación con el gobierno.
CUENTAN que sus pares le reconocen que ha tejido buenas alianzas desde que Claudia Sheinbaum fue electa en junio y que lo ha seguido haciendo tras la toma de posesión en octubre.
SU PRESENCIA constante en Palacio Nacional ha generado confianza y, ante el regreso de Donald Trump y sus posibles consecuencias, los empresarios ven con buenos ojos mantener la provechosa interlocución con el gobierno.
EL ASUNTO es que las normas acordadas previamente indicaban que tendría que haber un relevo en 2025 y habrá que saber si todos los agremiados están de acuerdo con la reelección.
UNA BUENA: Por fin los consejeros del INE quieren prohibir actos anticipados de campaña para los aspirantes a ministros, magistrados y jueces que buscan participar en la elección judicial de junio.
UNA MALA: De lo que no han hablado es de sancionar a quienes llevan un rato haciendo autopromoción en redes sociales, en eventos, con “entrevistas” y hasta con la entrega de volantes.
UNA PEOR: Que al documento aprobado ayer en la Comisión de Quejas y Denuncias aún le falta ser avalado por el Consejo General, lo cual podría ocurrir hasta la próxima semana y, en una de esas, la prohibición entraría en vigor ¡hasta el 12 de febrero!
ES DECIR, que quienes están metidos de lleno en el proselitismo para la elección judicial aún tendrían lo que resta de enero y casi la mitad de febrero para hacer lo que quieran sin sanciones.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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