Integrantes de la Asociación Civil Defensorxs AC presentaron este lunes una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo con la denuncia, las ministras habrían promovido su imagen mediante la difusión de videos en redes sociales, la realización de viajes por diversas entidades, entrevistas en medios y su participación en eventos proselitistas, todo ello antes del inicio oficial del periodo de campañas, programado para comenzar el 30 de marzo de 2025 y concluir el 28 de mayo del mismo año.
Miguel Alfonso Meza Carmona, Úrsula Amaranta Martínez Barrueta y Luis Ulloa García, integrantes de la asociación civil, pidieron al INE investigar si las ministras han utilizado recursos públicos para sus actividades de promoción. Asimismo, exigieron que se dicten medidas cautelares para retirar de redes sociales las publicaciones que llamen explícitamente al voto y que cesen las actividades proselitistas para evitar inequidad en la contienda.
“Están incumpliendo con la equidad en la contienda, se aventajan de su posición como ministras y de su cercanía con Morena para posicionarse y llamar al voto cuando todos los demás candidatos no pueden hacerlo”, afirmó Miguel Alfonso Meza, quien señaló que estas acciones violan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
En caso de comprobarse las irregularidades, las sanciones podrían incluir multas de hasta 500 mil pesos o incluso la pérdida de las candidaturas, según Meza, quien también destacó que las ministras adquirieron su estatus de candidatas desde el 30 de octubre de 2024 al no renunciar a sus cargos.
En la denuncia se citan diversos actos que, según los denunciantes, constituyen promoción indebida. Por ejemplo, se menciona que Loretta Ortiz repartió cartas en el Bosque de Chapultepec con mensajes como “Caminando de la mano con amor y justicia construiremos un México mejor”. También se señala que Yasmín Esquivel aparece con frecuencia en medios de comunicación, mientras que Lenia Batres presentó un informe de labores en el Museo de la Ciudad de México.
Magistrados federales han señalado que los impartidores de justicia que realizan actos anticipados de campaña están actuando como “colaboracionistas” de una reforma judicial impulsada con un discurso que descalifica al Poder Judicial como corrupto.
En conferencia de prensa, el magistrado Juan José Olvera López criticó que algunos jueces se sumen al discurso oficial y participen en actividades proselitistas. “Cuando surgen estas reformas, jueces que antes no habían aparecido en esta labor se suman al discurso de rechazo y repudio al Poder Judicial, como si pretendieran ganar la confianza del poder político en turno”, afirmó.
Olvera también diferenció a estos jueces de figuras como el magistrado Jean Claude Tron Petit, quien ha trabajado durante años en la difusión de actividades judiciales y decidió retirarse por no estar de acuerdo con el rumbo que ha tomado el sistema judicial.
La elección judicial de 2025 marcará un cambio histórico en el sistema judicial mexicano, ya que por primera vez los jueces y magistrados serán electos mediante voto popular. Antes del inicio formal de las campañas, los tres Comités de Evaluación deben cumplir con dos etapas más del proceso: publicar la lista de aspirantes que cumplieron con los criterios de idoneidad, el 31 de enero, y realizar la insaculación, programada para el 4 de febrero.
Los denunciantes informaron que crearán un observatorio ciudadano para monitorear la legalidad del proceso y las campañas mediante un grupo de WhatsApp, con el fin de garantizar la equidad en la contienda.
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