El crimen organizado ha encontrado en la industria minera un objetivo prioritario para diversificar sus ingresos y ejercer control territorial. Desde el norte de Zacatecas hasta la Tierra Caliente de Guerrero, pasando por la costa de Michoacán, células delictivas imponen cuotas de extorsión a trabajadores, empresarios, transportistas y comercios vinculados a la minería, con montos que oscilan entre 200 pesos y 500,000 pesos semanales, según fuentes ministeriales.
Extorsión generalizada y violencia
Trabajadores, perforadores, geólogos, operadores de maquinaria, gerentes e incluso vendedores de alimentos en las inmediaciones de las minas se han visto obligados a pagar “derecho de piso” para continuar con sus actividades. De acuerdo con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), las operaciones en estados como Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Sonora han sido gravemente afectadas por esta dinámica delictiva.
En Guerrero, se documentaron casos donde el crimen organizado tomó el control directo de minas tras extorsionar a empresas y trabajadores, como ocurrió con una mina de oro de cielo abierto. Grupos como “La Familia Michoacana”, “Guerreros Unidos” y “Los Ardillos” han cerrado operaciones de minas y aumentado las cuotas ilegales, incluso secuestrando a directivos y empleados para presionar pagos.
Mineras bajo presión económica
Los costos derivados de la inseguridad han incrementado entre un 5% y 10% en las empresas mineras, según un informe de Stratop Risk Consulting. Además, la Cámara Minera de México (Camimex) reporta una caída del 34.5% en la inversión minera desde 2012, pasando de 8,043 millones de dólares ese año a 5,265 millones en 2022.
El Instituto Fraser posiciona a México como el cuarto país más inseguro de América Latina para la minería, ubicándolo en el lugar 84 de 86 jurisdicciones evaluadas a nivel mundial. Este ambiente de violencia desincentiva la inversión extranjera, particularmente en proyectos clave como la extracción de litio y uranio.
Diversificación criminal en la minería
Además del cobro de piso, los grupos criminales han ampliado sus actividades hacia la extracción ilegal de minerales, robo de explosivos y control de transporte y exportación de minerales como oro y uranio. En Guerrero, “La Familia Michoacana” ha sido señalada por el tráfico de uranio hacia puertos como Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, desde donde es exportado a China.
En Sinaloa, se ha reportado la extracción ilegal de oro por parte del Cártel de Sinaloa en el municipio de San Ignacio, donde operan sin intervención de las autoridades locales, según denuncias documentadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Activistas y comunidades indígenas bajo ataque
El crimen organizado también ha extendido su control a comunidades indígenas cercanas a minas, donde activistas han sido blanco de amenazas, desapariciones y violencia. En enero de 2023, desaparecieron el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el líder indígena Antonio Díaz Valencia, quienes defendían los derechos de la comunidad de Aquila, Michoacán, frente a la minera Ternium. A dos años de su desaparición, sus familias siguen exigiendo justicia sin resultados claros en las investigaciones.
Reacción del sector y el Gobierno
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementó en 2020 un Servicio de Seguridad de Minas con elementos especializados para proteger las instalaciones. Sin embargo, la extorsión y el robo persisten debido a la falta de presencia constante de las autoridades, lo que deja un vacío aprovechado por los grupos criminales.
En 2024, las empresas mineras gastaron 100.35 millones de dólares en seguridad privada, un 7% menos que en 2023, pero aún un indicador de la presión económica que enfrenta el sector.
Llamado a la acción
La Camimex recomienda la reactivación de mesas de seguridad y la capacitación de policías en asuntos mineros, así como un fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para combatir al crimen organizado en las zonas mineras. Sin embargo, la respuesta sigue siendo insuficiente ante el creciente control delictivo, que no solo impacta la economía, sino también la seguridad y el bienestar de las comunidades locales.
Ciudad de México, a 14 de enero de 2025.
A la opinión pública.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
Atentamente
Generación Industrial, S.A. de C.V.
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Director: Juan Luis Parra
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