La estafa que terminó con los ahorros de cientos de personas comenzó cuando Irongate, una desarrolladora inmobiliaria, contrató a Gustavo Torres, un empresario de Baja, para que les buscara un terreno cerca del mar. Tras ocho meses, Irongate compró siete hermosas hectáreas en las playas de Tijuana, con 300 metros frente al océano Pacífico, a 10 kilómetros de la frontera con EU.

Poco después, me contó Torres, Irongate alquiló una franquicia con el nombre de Donald Trump para el proyecto, que pasó a llamarse Trump Ocean Resort Baja. Trump alquilaba su nombre, Irongate construía y todos ganaban.

Irongate cavó los cimientos, colocaron un espectacular con la foto de Trump, hicieron eventos de promoción en San Diego y captaron más de 100 millones de dólares en preventas. Los Trump anunciaban que eran “desarrolladores” del proyecto y que ellos mismos estaban comprando unidades, como lo reportó Univision.

“Todo esto disparó el precio de las unidades a 250% más de lo que hubieran costado con otro nombre”, me dijo Torres. “Yo compré una unidad con mis hermanos, nos salió carísimo, pero vi como buena inversión tener una propiedad con el nombre de Trump”.

En 2006, 2007 y 2008 el proyecto no avanzó. Poco después comenzó en todo el mundo la crisis financiera de 2009. La prensa estadounidense publicó que el proyecto de Baja se quedó sin financiamiento. Ante el escándalo, Trump dijo que él no tenía responsabilidad. “El desarrollador no era Trump. Era Irongate y no tenían fondos”, me dijo Torres.

Poco después, unos 100 afectados (de más de 200 en total) se unieron en una demanda colectiva. Tras años de litigio, llegaron a un acuerdo. Otros compradores, como Torres, nunca recuperaron su dinero.

En 2016, cuando Trump competía por la Presidencia de EU por primera vez, el activista y exfuncionario Jaime Martínez Veloz comenzó a indagar el caso. Por medio de solicitudes de información, los ayuntamientos de Tijuana y Rosarito, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores le confirmaron que ni Irongate ni Trump habían solicitado permisos de uso de suelo, de construcción ni habían constituido el fideicomiso requerido por ser extranjeros para tener una propiedad tan cerca del mar.

Martínez Veloz pidió también al INM la visa de trabajo que, asegura, Trump debió obtener para hacer negocios como empresario en México. El INM nunca la mostró. “(Trump) trabajó como indocumentado en México, por más que diga que solo prestó su nombre. Hizo negocios y ganó muchísimo dinero”, me dijo Martínez Veloz.

Antes de que Trump jurara como Presidente, Martínez Veloz presentó una denuncia ante la Fiscalía federal en México por defraudación fiscal. En 2018, una fiscal lo citó para que declarara. Desde entonces, no ha visto avances en la investigación, aunque tampoco algún aviso de que se ha cerrado.

Han pasado casi 20 años de que inició el proyecto en Baja. Allí, el terreno sigue cercado, sin ningún desarrollo. Torres cree que parte de la actitud de enojo de Trump hacia México proviene de este caso. “Tiene ese corajito ahí atravesado”, me dijo Torres.

Ahora, a unos días de que inicie la segunda Presidencia de Trump, Martínez Veloz quiere revivir el caso. Busca que la Fiscalía continúe la investigación y sugiere que el gobierno mexicano use lo que él ha confirmado como una forma de sostener los embates. “Viene una ofensiva de Trump sobre las remesas familiares y el gobierno mexicano está obligado a elaborar una estrategia para proteger a los mexicanos”, me dijo Martínez Veloz, quien preside el Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte Ing. Heberto Castillo Martínez.

Más allá del momento político, creo que la Fiscalía debería llegar al fondo de este caso, porque los defraudados siguen allí, después de haber creído en el hombre que ahora va a liderar, de nuevo, la mayor economía del mundo.