A menos de dos meses de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos, Texas ya está aplicando políticas migratorias agresivas que reflejan el enfoque de su futura administración. El gobernador Greg Abbott ha erigido nuevas secciones del muro fronterizo, instalado boyas equipadas con alambre de púas en el río Bravo, endurecido regulaciones para hospitales y puesto a disposición terrenos para construir centros de detención masiva, con miras a facilitar la deportación de migrantes indocumentados.

El río Bravo, en la zona de Eagle Pass, ha sido escenario de una de las medidas más controvertidas: la instalación de boyas naranjas flotantes con cuchillas, diseñadas para disuadir el cruce de migrantes. Aunque en 2023 un juez federal ordenó su retiro por considerarlas ilegales, una corte de apelaciones permitió su reinstalación en septiembre, y el Estado ha expandido su alcance en las últimas semanas. Estas boyas no solo generan riesgos para la vida de los migrantes—con reportes de al menos dos cuerpos hallados cerca de ellas el año pasado—, sino también preocupaciones ambientales, como erosión, acumulación de desechos orgánicos y alteraciones en la fauna del río.

Alambre de púas y enfrentamientos legales
En tierra, Texas ha instalado más de 46 kilómetros de alambre de púas a lo largo de la frontera. Una reciente corte de apelaciones falló a favor del Estado después de que agentes federales destruyeran parte del alambre para permitir el paso de migrantes. Ken Paxton, fiscal general de Texas, calificó el fallo como una victoria frente al Gobierno federal, destacando la defensa de la “propiedad estatal y privada”.

Presión en hospitales: preguntas sobre estatus migratorio
Otra medida polémica es la nueva orden ejecutiva que obliga a los hospitales de Texas a preguntar a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses. Aunque algunos médicos, como el Dr. Tony Pastor del Texas Children’s Hospital, han advertido a los pacientes que no están obligados a responder, el gobernador Abbott amenazó con retirar financiamiento estatal a las instituciones que no cumplan la orden. Esta disposición ha generado temores de que muchos migrantes prefieran evitar buscar atención médica por miedo a ser deportados.

El Distrito Sanitario Metropolitano de San Antonio publicó un folleto para aclarar que los hospitales no pueden negar atención médica basada en el estatus migratorio, pero las amenazas del gobernador pesan más. El Texas Children’s Hospital emitió un comunicado asegurando su cumplimiento total con la orden y enfatizando que la atención a los pacientes seguirá siendo prioritaria.

Centros de detención masiva y deportaciones
Texas también se posiciona como base de operaciones para la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump. La comisionada estatal de tierras, Dawn Buckingham, ha ofrecido terrenos en la frontera para la construcción de centros de detención destinados a criminales violentos. Este esfuerzo ha sido bautizado como la “Iniciativa Jocelyn”, en honor a una niña de 12 años asesinada presuntamente por migrantes ilegales en Houston.

“Localizaremos terrenos bajo mi jurisdicción para construir instalaciones de deportación,” declaró Buckingham, mientras nuevos tramos del muro fronterizo eran levantados.

Modelo a seguir para el país
El zar de la frontera designado por Trump, Tom Homan, calificó las políticas de Texas como un modelo nacional para la próxima administración. “Es un éxito sin precedentes que puede implementarse en todo el país,” afirmó.

Con estas acciones, Texas no solo endurece su postura migratoria, sino que también marca el inicio de una política federal más estricta bajo el próximo Gobierno de Trump. Mientras tanto, los grupos defensores de derechos humanos continúan denunciando los riesgos para la vida, la salud y la dignidad de los migrantes que cruzan por el Estado.