La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles que el Estado mexicano mantiene la exclusividad sobre la explotación del litio, al desestimar un amparo interpuesto por la empresa Grupo Bararal, que buscaba impugnar la reforma a la Ley Minera aprobada en abril de 2022.
Dicha reforma, impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, declara al litio como un recurso de utilidad pública y estratégico, reservando su explotación exclusivamente al Estado y prohibiendo la concesión a particulares.
El proyecto, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue aprobado de manera unánime por los integrantes de la Segunda Sala de la SCJN.
Base constitucional impide concesiones
La resolución de la Corte señaló que la llamada “nacionalización del litio” está respaldada por la Constitución mexicana, lo que invalida cualquier intento de concesión privada.
Incluso en caso de conceder el amparo, explicó la SCJN, no habría efectos legales prácticos, ya que la reforma constitucional promulgada posteriormente prohíbe explícitamente las concesiones para la exploración y explotación de litio.
El caso específico involucra a Grupo Bararal, empresa que posee la concesión minera 246359 para el lote denominado “San Pedro”, en el municipio de Satevó, Chihuahua. La concesión, vigente hasta 2068, permitía a la empresa la explotación de diversos minerales. Sin embargo, con la reforma de 2022, quedó excluida del acceso al litio.
Soberanía energética y recursos estratégicos
La decisión de la SCJN refuerza los esfuerzos del gobierno mexicano por consolidar la soberanía energética y garantizar que los recursos estratégicos, como el litio, beneficien directamente al desarrollo nacional.
El litio es un mineral esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, sectores en rápido crecimiento a nivel mundial. Con esta resolución, México busca evitar que su explotación quede en manos de intereses privados, asegurando que su control se mantenga exclusivamente en manos del Estado.
Precedente en la política minera
La decisión también sienta un importante precedente en la política minera del país, al confirmar que la exploración y explotación del litio están alineadas con las recientes reformas legales y constitucionales. Estas medidas buscan proteger el recurso estratégico frente a presiones privadas y extranjeras.
El fallo refuerza la posición del gobierno federal de que el litio será explotado únicamente por la empresa estatal LitioMx, creada para administrar y desarrollar este recurso. Esto se suma a un esfuerzo más amplio para garantizar que la riqueza generada por el litio impulse el desarrollo económico y social de México.
La nacionalización del litio se enmarca en una política energética más amplia, que incluye el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como pilares de la soberanía energética del país.
