El Senado de la República aprobó el pasado 13 de diciembre las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Ley Federal del Trabajo, enfocadas en impulsar la construcción de vivienda con orientación social. Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia debido a los cambios en el manejo de recursos y la organización interna del instituto.
El dictamen, que ahora será discutido por la Cámara de Diputados, otorga al Infonavit facultades para participar directamente en la construcción de viviendas y ofrecer esquemas de arrendamiento social. Para esto, se creará una empresa filial del instituto, la cual operará bajo el derecho privado y no será considerada una entidad paraestatal. Este cambio busca dar cumplimiento a uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum: la construcción de un millón de viviendas durante su administración.
Recursos del Fondo de Vivienda: el punto más controvertido
Uno de los aspectos más criticados de la reforma es la autorización para que el Infonavit utilice rendimientos del Fondo Nacional de la Vivienda, compuesto en gran parte por las aportaciones patronales equivalentes al 5% del salario de los trabajadores. Aunque la ley establece que estos fondos pertenecen a los trabajadores, el dictamen permite al instituto usarlos para financiar la construcción, arrendamiento y administración de viviendas, previa autorización de su Consejo de Administración.
Legisladores de oposición, como la senadora del PAN Gina Gerardina Campuzano, acusaron que estos cambios abren la puerta a que los ahorros de los trabajadores se utilicen como una “caja chica” del gobierno. Según datos del PAN, los ahorros acumulados en las subcuentas de vivienda superan los 2 billones de pesos, y su manejo discrecional pondría en riesgo el patrimonio de los trabajadores.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que los ahorros de los trabajadores estén en peligro y aseguró que “los recursos están seguros y eso no va a cambiar”.
Cambios en el esquema de arrendamiento
Otro aspecto relevante de la reforma es que el Infonavit podrá ofrecer viviendas en arrendamiento con opción a compra. La renta no podrá exceder el 30% del salario de los trabajadores y estos podrán adquirir la vivienda si cuentan con el ahorro suficiente en su subcuenta de vivienda.
Reestructuración interna y mayor control del gobierno
La reforma también incluye cambios significativos en la organización interna del Infonavit, lo que ha generado críticas por el posible debilitamiento de los contrapesos en la toma de decisiones.
Entre los cambios destacan:
- La Comisión de Vigilancia pasará de nueve integrantes a cinco representantes del gobierno, dos del sector empresarial y dos del sector laboral.
- El Comité de Transparencia y el Comité de Auditoría ahora tendrán tres representantes del gobierno, uno de los empresarios y uno de los trabajadores.
- Las direcciones sectoriales de los sectores laboral y empresarial serán eliminadas.
- La Asamblea General será reducida de 45 a 30 miembros, mientras que el Consejo de Administración pasará de 15 a 12 integrantes.
- El director general del Infonavit ya no será designado por la Asamblea General, sino directamente por la presidencia de la República.
La oposición acusa que estos cambios concentran el poder en manos del gobierno federal, eliminando controles internos y otorgando al director general, actualmente Octavio Romero Oropeza, mayor capacidad de decisión, incluido el derecho de veto en los comités de vigilancia.
Próximos pasos en la Cámara de Diputados
Aunque la reforma fue enviada a la Cámara de Diputados con la expectativa de que se discutiera y aprobara en un periodo extraordinario antes de finalizar el año, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó el 16 de diciembre que “es probable que no haya periodo extraordinario”. Esto retrasaría la aprobación final de la iniciativa hasta el próximo año.
Mientras tanto, especialistas y legisladores de oposición continúan expresando su preocupación por los impactos de la reforma en el manejo de los recursos del Infonavit y la posible desaparición de contrapesos en su estructura. Por otro lado, el gobierno asegura que los cambios buscan beneficiar a los trabajadores y reforzar el papel del Infonavit como promotor de vivienda social.