La reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Acapulco, con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores de todo el país, permite diferentes lecturas y envía señales importantes.

Primero y principal, que en el tema de la seguridad, a diferencia de la administración pasada, existe una estrategia global y la misma se adapta a las condiciones regionales en las distintas entidades del país. Se hace, como se ha dicho, poniendo el acento en la inteligencia, la investigación y la cooperación. El papel del secretario SPC, Omar García Harfuch, como cabeza del gabinete de seguridad, es evidente y está lejos de resultar nominal. Su presencia en Sinaloa desde hace una semana es una demostración de la seriedad con que se está tomando la seguridad en la agenda presidencial y de la convicción de intervenir en los estados cuando la gobernabilidad está en riesgo.

En términos de coordinación, la integración de la Guardia Nacional en la Defensa le ha dado a esa institución el marco necesario para poder desplegarse y desarrollarse con certidumbre. Por otra parte, como lo vimos ayer en Acapulco, se ha reincorporado la FGR en ese gabinete de seguridad. No sé si existen divisiones en ese equipo, pero por lo menos no se perciben y si las hay, el trabajo conjunto las disimula. El sexenio pasado, cada instancia trabajaba por su lado, con un Presidente que alimentaba las divisiones.

El giro de 180 grados en la estrategia de seguridad es un hecho, luego del desastre heredado por Andrés Manuel López Obrador. Como decía ayer García Harfuch en Acapulco, esa estrategia se basa en datos y resultados. Se están realizando alrededor de ocho mil operaciones diarias, efectuadas sobre todo por personal del Ejército y la Guardia Nacional. Ayer hubo operaciones destacadas en Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo y Sinaloa.

Las más importantes, en Sinaloa, con la detención de una pareja de Los Chapitos y la incautación de 16 mil litros de precursores para metanfetaminas; en Tabasco, se detuvo al responsable del atentado al bar Bart; en Chiapas se decomisó drogas y armas en Pantelhó, ese municipio recuperado este fin de semana por fuerzas militares en medio de enfrentamientos entre dos grupos armados; en Nayarit se decomisaron armas; en Sonora hubo detenciones y decomiso de drogas; en Zacatecas fue detenido un comando de diez personas.

En Guerrero, donde la presidenta Sheinbaum destacó la labor que realiza Evelyn Salgado, en un estado azotado por una violencia endémica, pero también por la tragedia ocasionada por los huracanes Otis y John, fueron detenidos varios sicarios con droga, pero más importante que eso se anunció un nuevo operativo llamado Guerrero por la Paz, que atenderá de forma prioritaria las 30 colonias de mayor violencia e inseguridad: 10 en Acapulco, 10 en Chilpancingo y 10 en Iguala. Al mismo tiempo se está avanzando en forma importante en la instalación de los cuarteles de la Guardia Nacional en los principales puntos de ese estado, un tema central para reconstruir las policías locales posteriormente. Es un gran esfuerzo el que se está haciendo sobre todo en Acapulco, el que se haya realizado en esa ciudad la reunión del consejo es también una señal importante.

Como decíamos, quizás la clave es que se ha diseñado una estrategia global trabajada a partir de estrategias particulares para cada región y estado. Asumiendo que la situación de seguridad en el país es una de las herencias más costosas que le dejó López Obrador a la actual administración, lo mismo se reproduce en los estados donde están asumiendo nuevos gobernadores: Rutilio Escandón le dejó un desastre a Eduardo Ramírez. Rutilio, en lugar de un cargo en el gobierno federal debería merecer, por lo menos, una profunda investigación, dada la complicidad comprobada de sus funcionarios con los grupos criminales; Cuitláhuac García en Veracruz también le dejó una zona de desastre en seguridad a Rocío Nahle, quizás no es casualidad que en cuanto dejó el poder se haya hecho el mayor decomiso de huachicol de la historia (una actividad que en el sexenio pasado nos decían que se había reducido drásticamente); Pablo Lemus tiene un desafío enorme en Jalisco, con el CJNG; en Puebla, Sergio Salomón hizo un buen gobierno y le deja las cosas ordenadas a Alejandro Armenta. Salomón, por cierto, asume la dirección del estratégico Instituto Nacional de Migración, donde Francisco Garduño dejó un tiradero y donde no se han rendido cuentas por los muertos en el refugio de Ciudad Juárez. En Guanajuato, la nueva gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, parece decidida a romper la inercia seguida por la administración anterior y estableció de inicio mecanismos de colaboración con el nuevo gobierno federal. La mayor continuidad se ha dado en la Ciudad de México, donde, a pesar de que existen mayores presiones de grupos criminales, la buena gestión de Pablo Vázquez ha continuado en el gobierno de Clara Brugada.

Hay mucho por hacer con Sinaloa (¿recuerda cuando López Obrador aseguraba que no se producía fentanilo en México?) y Chiapas convertidos hoy en los principales focos rojos en el ámbito de la seguridad. Pero hay buenas señales basados en datos duros que deberían ir modificando la percepción. No será fácil porque ante esos avances los grupos criminales redoblan su agresividad. Pero era imposible seguir una línea de indiferencia que sólo logró empoderar a los criminales en los seis años pasados.