En el inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dividido sus traslados entre vuelos comerciales y aviones del Gobierno, específicamente jets Grumman de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, fuentes de Palacio Nacional revelaron que la Sedena busca que la mandataria deje de utilizar aviones comerciales y opte exclusivamente por los jets oficiales debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad.
El caso más reciente que alimentó este debate fue el intento de secuestro de un avión de la aerolínea Volaris el pasado fin de semana, un incidente que los altos mandos militares consideran como un ejemplo del tipo de situaciones que podrían representar un riesgo para la presidenta.
A diferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien priorizó los vuelos comerciales durante la mayor parte de su sexenio, Sheinbaum enfrenta un escenario más complejo en materia de seguridad. Desde su toma de protesta, el crimen organizado ha intensificado sus acciones, incluidas represalias contra figuras políticas, lo que ha resultado en el asesinato de políticos de diversos partidos como el PRI, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano.
En la reunión de gobernadores realizada la semana pasada en Acapulco, el tema de la seguridad fue ampliamente discutido, incluyéndose los riesgos derivados del incremento de la violencia por parte de los cárteles de la droga. Según los generales, los traslados en aviones comerciales aumentan las posibilidades de un incidente de mayor magnitud, razón por la cual insisten en que Sheinbaum utilice exclusivamente los aviones oficiales equipados con mayores medidas de protección.
El uso de los jets Grumman de la Sedena, considerados de los más avanzados en el ámbito de la aviación ejecutiva, permitiría reforzar los protocolos de seguridad presidencial en un momento en el que el Gobierno busca evitar cualquier exposición innecesaria ante un panorama de mayor confrontación con el crimen organizado.
Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, las recomendaciones de la Sedena refuerzan la necesidad de ajustar las medidas de seguridad de la presidenta para minimizar riesgos en el contexto de una agenda política que podría implicar mayores desafíos frente a los grupos delictivos.
