La Junta de Supervisores del condado de San Diego aprobó este martes una norma que prohíbe el uso de recursos del gobierno condal para apoyar la aplicación de leyes migratorias federales, convirtiendo al condado en un área santuario.
Con una votación de tres a uno, la medida fue presentada por la presidenta de la junta, Nora Vargas, y llega como respuesta a las promesas del presidente electo, Donald Trump, de llevar a cabo deportaciones masivas.
La nueva disposición prohíbe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilice instalaciones, personal o fondos del condado, incluidas las cárceles, para ejecutar operativos migratorios. Además, ordena al Departamento del Alguacil de San Diego detener la práctica de notificar y transferir a personas indocumentadas bajo su custodia a ICE sin una orden judicial.
Vargas explicó que la norma está fundamentada en el Acta de Valores de California, que limita la colaboración entre las policías locales y las agencias migratorias federales como ICE y CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).
Los críticos de la medida sostienen que podría entorpecer las labores del ICE para deportar a criminales peligrosos. Sin embargo, defensores de los derechos de los migrantes aseguran que fortalecerá la seguridad en la comunidad al promover la confianza entre los residentes y las autoridades locales.
“Al garantizar que nuestros recursos locales no se utilicen para detener y deportar a los habitantes de San Diego, enviamos un mensaje claro de que los inmigrantes son valorados y bienvenidos en nuestra región”, afirmó Ian Seruelo, presidente del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego (SDIRC), en un comunicado.
Con esta decisión, el condado de San Diego, que comparte aproximadamente 100 kilómetros de frontera con México, se suma a otros ocho condados de California que ya cuentan con políticas internas similares en apoyo a los inmigrantes.
Donald Trump y su equipo han criticado duramente a las ciudades y condados que adoptan medidas a favor de los indocumentados, calificándolos como “santuarios de inmigrantes”. Además, el presidente electo ha prometido que impondrá sanciones contra estas jurisdicciones.
