Rocío Nahle, nueva Gobernadora de Veracruz, inicia su mandato en medio de un clima político tenso marcado por divisiones internas dentro de Morena. Su llegada al poder ocurre tras una serie de disputas con el exgobernador Cuitláhuac García y sus colaboradores, particularmente con el exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, conocido como uno de los operadores clave de la administración saliente.

Desde antes de asumir el cargo, Nahle mostró su intención de consolidar su control político en el estado. Fuentes cercanas al gobierno estatal señalan que el conflicto con García se originó en la pugna por la sucesión gubernamental, ya que Cisneros buscaba la candidatura a Gobernador con el apoyo de Cuitláhuac García, pero fue vetado por Nahle, quien priorizó a sus propios cuadros.

Uno de los primeros movimientos de Nahle fue impulsar una iniciativa para reducir el periodo de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández, quien es cercana a Cisneros y fue considerada una figura clave en el gobierno de García. La propuesta, presentada por el diputado Diego Castañeda Aburto, aliado de Nahle, contempla bajar el periodo del cargo de nueve a cuatro años, dejando fuera a Hernández y debilitando la influencia del grupo político del exgobernador.

Además, la nueva administración ha comenzado una revisión exhaustiva de la gestión saliente. Nahle instruyó a su gabinete a investigar a fondo convenios, obras inconclusas, deudas y contratos, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o desvíos de recursos. Según trascendió, uno de los enfoques será evitar que los presuntos actos de corrupción de la administración saliente queden impunes.

La relación entre Nahle y García, aunque comenzó como una alianza basada en el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se deterioró con el tiempo. Un punto de quiebre fue la creciente influencia de Eric Cisneros, quien, pese a haber sido recomendado por Nahle en un inicio, adquirió autonomía y poder político, al grado de ser considerado por altos funcionarios como el “verdadero Gobernador” durante el mandato de García.

A pesar de las tensiones, Cuitláhuac García se mantuvo alineado públicamente con Nahle hasta el final de su gestión, reconociendo el respaldo que la ahora Gobernadora siempre tuvo del exmandatario federal. Sin embargo, en privado, las disputas por el control de la estructura política y administrativa del estado marcaron una clara división entre ambos grupos.

Con estas primeras acciones, Rocío Nahle deja en claro su intención de consolidar su liderazgo en Veracruz y redefinir las alianzas dentro de Morena, mientras busca posicionarse como una figura clave en el panorama político estatal y nacional.

En diciembre de 2018, tras rendir protesta como Mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez oficializó la integración de su equipo de trabajo, encabezado por Eric Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno.

Al leer el currículum de su futuro colaborador, García lo ensalzó: dijo que se ha desempeñado como profesor, perito topógrafo en Baja California Sur, y que fue Oficial Mayor en el Ayuntamiento de La Paz, director de Catastro y Tesorero de 2011 a 2013.

También fue operador electoral en el estado y coordinador de su campaña.

Apenas tomó ese cargo, Cisneros se fue a la yugular del Fiscal General, en ese momento, Jorge Winckler, allegado al ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, “apestado” entre los morenistas.

Lo primero que promovió Cisneros fue un juicio político contra Winckler y con ello removerlo del cargo.

Para ello, Cisneros, aseguró, entre otras cosas, que existía la hipótesis de que la Fiscalía General del Estado (FGE) protegía a Jesús Tomás Alvarado Chávez, “El Lagarto”, un presunto sicario ligado a una masacre de 13 personas en Minatitlán.

En su acusación, el funcionario añadió que se presume que el presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido en Campeche el pasado 9 de mayo, se movía en vehículos oficiales de la FGE de Veracruz.

Winckler criticó la actitud del Secretario de Gobierno por nombrarlo el “vocero del mal” dentro de un chat en el que están diversos mandos de seguridad.

“Conmigo no ha sido sólo grosero, sino vulgar, en el mismo chat de la mesa central de seguridad”, afirmó, “en su momento evaluaré si hago público esas groserías e insultos que hace sin importarle que estén los más altos mandos de la Marina, Sedena, Fiscalía General de la República (FGR), del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y de la Policía Federal (PF)”, se quejó el entonces Fiscal en febrero de 2019.

La pugna ya estaba cantada y por más pataleo que hizo Winckler, no pudo contra el súper poder que ya tenía Cisneros, por encima del Gobernador.

En septiembre de 2019 la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz separó temporalmente de su cargo al Fiscal Winckler.

En lo que la bancada de Acción Nacional calificó de albazo, el Congreso nombró a Verónica Hernández -ex colaboradora de Cisneros en la Secretaría de Gobierno- como encargada de despacho.

La ex directora jurídica de la Secretaría de Gobierno hizo un reconocimiento a la soberanía legislativa, por estar a la altura de la exigencia ciudadana.

“Reclama eficiencia y compromiso por parte de la Fiscalía y sus funcionarios es un paso necesario para responder a la sociedad sin atender intereses particulares”, expuso en su mensaje desde la sede de la Fiscalía en Xalapa.

“Desde ayer al rendir protesta del cargo como mujer veracruzana asumí la responsabilidad, la estricta observancia de la ley”, dijo Hernández el 4 de septiembre de 2019.

Diputados del PAN en Veracruz pidieron un juicio político en contra del Gobernador Cuitláhuac García por violentar al Congreso local para remover a un fiscal, imponer a una empleada del Gobierno estatal en ese cargo y desmantelar ese órgano judicial.

Para callar bocas, Cisneros comenzó a obsequiar –con la Fiscalía en su mano– órdenes de aprehensión contra los allegados a los acérrimos enemigos: los Yunes.

El primero en caer fue Rogelio Franco, a quien le endilgaron una supuesta violencia contra su ex pareja.

“No me sorprende que algunos actores políticos se hayan prestado para armar este circo, pero, sobre todo, estoy preocupado de lo que son capaces de hacer, en su afán desmedido por borrar a toda oposición que pueda poner en jaque sus futuros en la función pública, pues para ellos es importante sacarme del camino por ser precisamente un opositor de este mal Gobierno”, alertó Franco en un comunicado, en marzo de 2020.

Para julio de 2020, hasta los morenistas advirtieron del suprapoder de Cisneros.

Legisladores de Morena y del PAN en Veracruz exigieron la renuncia de Eric Cisneros Burgos como Secretario de Gobierno de Veracruz por la injerencia en temas electorales, abuso de autoridad, tráfico de influencias y amenazas a Ediles.

“Se metió al proceso interno de Morena con el acarreo de gente, compra de votos, en la zona de Papantla utilizó el aparato de la Fiscalía para acusar al diputado Jaime Humberto Pérez por el delito de secuestro y sacarlo del proceso; el Secretario de Gobierno es quien tiene este poderío, inclusive de utilizar los aparatos para bloquear teléfonos, eso es lo que estamos viviendo en Veracruz”, expuso el entonces diputado por Medellín, José Magdaleno Rosales Torres.

“Está persona le está haciendo mucho daño al Gobierno que encabeza Cuitláhuac García al cual apoyo, pero en este caso el Secretario de Gobierno se ha excedido de sus facultades, ha tomado atribuciones que no le competen, al grado de nombrar miembros subalternos en puestos clave como la Fiscalía General del Estado”, acusó el legislador, quien obtuvo la curul con la bandera de Morena.

“Por dignidad, que renuncie, en Veracruz ya no es bien visto, es una persona que quiere estar en todo, hay quejas dentro del mismo gabinete, de Ediles, que han recibido amenazas o amagos si no siguen sus órdenes”, manifestó Rosales.

Pero Cisneros siguió dando manotazos en los escritorios.

En octubre 2020, se le atribuyó la destitución de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta.

En entrevista con REFORMA, Martínez calificó su destitución como un “golpe” y un “atraco” al Poder Judicial estatal, orquestado por el Secretario de Gobierno.

A pregunta expresa, Martínez afirmó que buscaban quitarla de la presidencia del Tribunal porque les estorbaba para que puedan “sacar” dinero.

“Más que nada persiguen recursos que pueden sacar o no sacar, desconozco de qué manera, pero tratan ellos de meter, de nombrar a una serie de nuevos (administrativos)”, dijo.

“Todo esto tiene que ver con (…) auditorías (sobre) un fraude o desfalco, un retiro de miles de millones de pesos del Fondo Auxiliar del Tribunal que no fue en mi Administración”.

¿Ve la mano del Gobierno del Estado detrás de este ‘atraco’?, se le preguntó a la Magistrada.

“Yo más que nada, lo digo directamente, es producto del Secretario de Gobierno”, respondió.

Ventiló que Cisneros la citó en días previos y le pidió su renuncia.

“Diciéndome ‘hágase a un lado’, él habló por sí, a mí nunca me dijo que era orden del Gobernador, nunca me lo dijo, a mí me dijo ‘es momento de que se retire porque no hay gobernabilidad en el Poder Judicial’, palabras más, palabras menos, eso me lo dijo”, reveló.

Cisneros ya estaba desatado. Hasta la Iglesia tronó en su contra y el Cártel de Jalisco lo anotó en una cartulina por proteger a “los contras”.

En diciembre de 2022 el Tesorero Municipal de Sayula de Alemán, Rafael González Cárdenas, fue detenido junto con un colaborador por “posesión de armas”.

En un video difundido el 13 de noviembre señaló a Cisneros de intentar sembrarle drogas y armas para detenerlo y favorecer a la Edil Lorena Sánchez Vargas, envuelta en denuncias por malos manejos de recursos y asociación delictuosa.

“Desconozco por qué me quiere encarcelar, pero seguro es un capricho de Lorena Sánchez Vargas, la mujer que mandó sicarios a mi casa a hacerme daño, no conozco de manera personal a Cisneros, no sé que tiene contra mí y porque quiere plantarme delitos”, narró.

“En diversas ocasiones, cuando iba a su oficina para tratar asuntos financieros con ella, me quitaba mi celular para amenazarme para que yo renunciara, dijo que me iba a meter a la cárcel con ayuda de Cisneros y creo que de esto se trata de este asunto”, contó González Cárdenas.

A inicios de 2023, Cisneros comenzó a asomarse como aspirante a la Gubernatura de Veracruz en 2024. Su error fue promoverse a destiempo y con decenas de espectaculares en todo el estado.

En julio de ese año, Cisneros tuvo un jalón de orejas por parte de López Obrador.

“Pues está mal. Qué tiene que hacer un Secretario de Gobierno haciéndose publicidad; si quiere ser candidato que renuncie a su cargo”, respondió AMLO cuando fue cuestionado sobre los espectaculares con la imagen del funcionario morenista.

El regaño fue determinante y provocó que Cisneros se bajara, no sólo de espectaculares, sino de la aspiración a contender como “corcholatita”. Nahle, con la refinería de Dos Bocas, ya se había echado a la bolsa la gracia presidencial para ser la próxima Gobernadora.

El ex delegado federal de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que Cisneros habría gastado hasta 15 millones de pesos en decenas de espectaculares.

El entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, puso en duda que las ganancias por la venta de los cuatro libros publicados le hayan alcanzado al ex titular de Gobernación para pagar tanta publicidad.

Cisneros estaba sepultado políticamente.

Aun así, Cuitláhuac García lo defendió hasta el final. En octubre de 2023 palomeó en Morena las candidaturas de la ex Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien renunció al cargo; la diputada federal Claudia Tello; Eric Cisneros, quien renunció como Secretario de Gobierno; el delegado de Bienestar, Manuel Huerta; el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y Zenyazen Escobar, Secretario de Educación estatal.

En noviembre de 2023 Nahle fue designada Coordinadora de la Cuarta Transformación en Veracruz y a Cisneros ya no se le volvió a ver en la entidad.

Ya sin Eric Cisneros, su operador político y mano derecha, el Gobernador Cuitláhuac García pasó al centro mediático con una mala imitación en posturas y forma de hablar del ex Presidente López Obrador y el bateo de preguntas incómodas.

Respecto a las balaceras que atemorizaron a la población en distintos momentos, García soltó como muletilla que eran “ajustes de cuentas” entre criminales.

Como su ex alfil, el Mandatario también fue polémico por sus decisiones políticas.

En junio de 2023, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue detenida sin orden de aprehensión luego de que García la ligó con corrupción en el caso del presunto líder criminal “El Compa Playa”, objetivo ligado al Cártel de Jalisco, que el propio Mandatario nombró como “prioritario” de su Gobierno.

“¿Por qué le urgía tanto liberar al delincuente? ¿Por qué exigió que se liberara en una hora?”, escribió García en una publicación en redes sociales.

“Me torturaron”, fue una de las pocas frases que la togada del Distrito Judicial de Huatusco emitió a su salida del Ministerio Público, ubicado a las afueras de la capital veracruzana.

Entre los abusos que sufrió, la jueza enlistó el de intimidación, coacción, al hacerla disparar un arma, tortura física y psicológica, violencia moral, por los que señaló a servidores públicos.

El escándalo de esa captura política, dejó mal parado al Gobierno veracruzano y a la Fiscalía del estado, que no sostuvo la acusación.

Luego, Cuitláhuac García encabezó y financió -presumiblemente con recursos públicos- una manifestación contra la Suprema Corte.

Los manifestantes pasearon ataúdes con las imágenes y los nombres de la presidenta de la Corte, Norma Piña, y el Ministro Alberto Pérez Dayán, acción que fue considerada como una amenaza de muerte.

Pero en agosto de 2023, luego del hallazgo de más de 13 cuerpos mutilados en Poza Rica, García echó “la bolita” al Poder Judicial de la Federación por la inseguridad en la entidad.

El morenista acusó que jueces y magistrados han cancelado unas 44 detenciones preventivas oficiosas de presuntos homicidas, secuestradores, violadores y pederastas.

En medio de la disputa de los criminales por el poder de rutas, extorsión y otros delitos en el estado, el Gobernador señaló al Poder Judicial de crear un “manto de impunidad” a los criminales.

Así se libró.

En el proceso de entrega recepción del Gobierno de Veracruz ya se notó la mano de Nahle.

Aunque la nueva Mandataria y García sostuvieron reuniones para la transición y sonrieron para la foto, por debajo de la mesa los operadores de Nahle revisan lo que hay en el tintero, por ejemplo, la remodelación del Estadio Luis “Pirata” Fuente.

En cada oficina solicitan documentos de los estados de cuenta y una instrucción es clara; nadie en un cargo directivo será de la gente de la “pasada administración”.

Otro paso esencial es sacudirse a la Fiscal General Verónica Hernández, ligada a Eric Cisneros.

El diputado Diego Castañeda Aburto, cercana a Nahle, presentó una iniciativa que contempla bajar de nueve a cuatro años el periodo en el cargo, mismos que ya cumplió Hernández.

Subrayó que el perfil de la o el titular de la FGE será de una persona honorable, con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, capacidad de administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas públicas, independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a los derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género.

Con esto, se abre el camino para que Nahle arranque su sexenio con un o una “fiscal carnal”.

Y es que la Fiscalía, con la operación política encima, dejó abiertos varios frentes sociales.

“La Fiscalía de Veracruz fue omisa, fue negligente, la fiscal general como tal, porque no estoy hablando de la Fiscalía de Desaparecidos, que de hecho también se hizo un nuevo edificio para el área de desaparecidos, que no existía antes”, dijo a REFORMA Lucía Díaz Genao, fundadora, integrante y buscadora de personas desaparecidas Colectivo Solecito de Veracruz.

“(Verónica Hernández) no funcionó, no trabajó para las víctimas, sino como un brazo ejecutor de asuntos, de temas políticos y esa no es la función de una fiscal. Entonces nosotros lo que queremos como colectivo, lo más imperativo ahorita, es removerla a ella para que se puedan avanzar en todos estos temas de investigación, de que haya más ministeriales, que se haga más amplia la plantilla de personal para desaparecidos. Y también que esté más cercana a las víctimas”, urgió Díaz.