El dinero necesario para la elección judicial es tema de gran controversia. El gobierno de la República ha dicho no a lo solicitado por el INE (unos 13 mil millones de pesos). Espérense a ver lo que costarán las respectivas elecciones locales.
Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, compareció el lunes en el Congreso de la capital. Como se sabe, son tiempos de planchar el presupuesto de 2025, y el del sistema judicial capitalino parece carta a Santa Clos.
Guerra Álvarez informó a la legislatura que cada magistrado de la ciudad, participe o no en la elección para renovar el Poder Judicial local, en concordancia con la reforma a la Constitución hecha por Morena, tiene que recibir su haber de retiro. Diez millones cada uno.
El magistrado presidente calculó que “significaría un gasto de mil 647.6 millones de pesos, es decir, 80 por ciento del costo que tendría la elección, estimado en 2 mil 45.9 millones de pesos”, según la nota de La Jornada del día 3 de diciembre.
Ajá. El tribunal de la CDMX calcula que de saque la elección local costará la séptima parte de lo que pide, y no le darán, el Instituto Nacional Electoral para la elección a nivel federal. Dejen que se entere la Presidenta. Buena parte de eso, sólo para liquidar.
La nota de La Jornada abunda: “Aunque no precisó el número de magistrados que tendrían este beneficio, aseguró que se les debe otorgar independientemente de si participan o no en la elección. Por ello, reiteró su propuesta de que la elección judicial se realice de manera gradual, porque ‘hacerlo en un solo momento implicaría más de mil 600 millones de pesos que se tienen que pagar del erario (…). Es una obligación constitucional, esto es: hay que pagárselos’”.
El gobierno federal anda festejando que al suprimir los fideicomisos del Poder Judicial, con poco más de 7 mil millones de pesos, se dispondrá del dinero necesario para la elección judicial del año entrante.
Son cuentas de la lechera. No sólo porque está por verse si puede costar menos la elección federal, como los sostienen el Legislativo y el Ejecutivo en manos de Morena, sino porque es apenas el inicio de una serie de elecciones nacionales.
En su comparecencia, Guerra, que quiere ser candidato a ministro de la Corte, informó que la reforma a nivel capitalino implicaría la elección de 400 togados (más de los actuales, que son 367). La austeridad aumenta la alta burocracia, ja.
“Como parte de la implementación de la reforma está la creación del nuevo tribunal de disciplina”, explicó, “quiere decir que todas las plazas de magistrados, así como el personal que lo va a integrar, son plazas nuevas y por tanto tenemos que tener no sólo presupuesto de infraestructura, sino de nómina totalmente”.
Sí, es fácil decir que se debe renovar toda una institución. Incluso es fácil poner eso en la Constitución. Ahora viene lo difícil: como cualquier empleador de una Pyme sabe, pero el gobierno no, correr implica indemnizar, crear implica gastar… y mucho.
Guerra intentó abrirle los ojos a las y los hacedores de leyes: “Cada miembro del consejo tiene entre 35 y 50 colaboradores que los asiste, los que potencialmente pasarían al órgano, con lo que algunos de los aspectos de la reforma podrían realizarse a costos compensados”; no obstante, recalcó la necesidad de dotarlos de mobiliario y tecnología.
Por cierto, el tribunal de Guerra adeuda a proveedores 760 millones de pesos desde 2020.
Dejen, repito, que se entere la presidenta Sheinbaum.
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