La posibilidad de que Estados Unidos declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) ha resurgido con fuerza tras las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump. Esta medida, que ya fue considerada durante su administración anterior, podría generar consecuencias profundas tanto en las relaciones diplomáticas entre ambos países como en las estrategias de seguridad y narcotráfico.
En un evento organizado por el grupo ultraconservador Turning Point en Phoenix, Arizona, Trump reiteró su intención de tomar medidas drásticas contra los cárteles mexicanos, subrayando que, al asumir la presidencia, “designaré inmediatamente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”. Además, ordenó al Pentágono prepararse para usar fuerzas especiales, guerra cibernética y otras tácticas encubiertas para desmantelar estas estructuras criminales.
La designación de los cárteles mexicanos como FTO permitiría al gobierno estadounidense congelar activos de estas organizaciones, imponer sanciones económicas, restringir viajes y procesar a quienes apoyen a los cárteles. Esta acción, en teoría, fortalecería las herramientas legales de Estados Unidos para perseguir a los grupos criminales y a sus aliados. Sin embargo, la posibilidad de intervenir militarmente en territorio mexicano sería una de las consecuencias más polémicas de esta medida, ya que podría significar una violación del derecho internacional y un desafío directo a la soberanía de México.
Desde Mazatlán, Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Trump subrayando que México no aceptará ningún tipo de injerencia extranjera. En su declaración, Sheinbaum reafirmó que, aunque México está dispuesto a colaborar en temas de seguridad, no se someterá a medidas que violen su independencia y soberanía nacional: “Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar”, resaltó.
Si bien la postura de Trump se alinea con el ala dura del Partido Republicano, que aboga por un enfoque más agresivo para combatir el narcotráfico, su amenaza de intervenir directamente en México podría deteriorar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países. Además, podría generar nuevas tensiones en el comercio bilateral, especialmente si Trump cumple sus promesas de imponer aranceles de hasta 25% a las exportaciones mexicanas, lo que afectaría de manera considerable a la economía mexicana.
La designación de los cárteles mexicanos como FTO podría transformar la forma en que se lleva a cabo la lucha contra el narcotráfico. Si bien algunos consideran que esta medida podría fortalecer las herramientas legales para perseguir a estas organizaciones, otros advierten que podría agravar la violencia en México. El riesgo de que Estados Unidos intervenga militarmente en el territorio mexicano podría generar enfrentamientos de gran escala, aumentando los daños colaterales para la población civil y profundizando la crisis de violencia en el país.
De acuerdo con un informe de la UNAM titulado “Seguridad e Interdependencia entre México y Estados Unidos”, Estados Unidos ya cuenta con herramientas suficientes para combatir el narcotráfico, tales como sanciones económicas, extradiciones y operativos conjuntos. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también ha señalado que la designación de los cárteles como FTO no otorgaría nuevas autoridades legales al gobierno de Estados Unidos, ya que ya existen potentes mecanismos de sanción para combatir el crimen organizado.
No obstante, la medida podría complicar aún más la situación al aumentar la tensión en la relación bilateral. En palabras de la presidenta Sheinbaum: “En Estados Unidos se consume la droga, de allá vienen las armas y aquí ponemos las vidas”. Este señalamiento refleja la interdependencia entre ambos países, ya que aunque México enfrenta las consecuencias directas del narcotráfico, es Estados Unidos quien consume las drogas y quien exporta las armas que alimentan la violencia en México.
El fentanilo, una droga sintética que ha causado miles de muertes en Estados Unidos, ha sido una de las principales justificaciones para la designación de los cárteles como FTO. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, más del 70% de las muertes por sobredosis de opioides en ese país son causadas por el fentanilo. Para muchos sectores republicanos, esta crisis es suficiente razón para aplicar medidas más agresivas contra los cárteles, que han sido acusados de producir y distribuir el fentanilo en el mercado estadounidense.
El tema resurgió con fuerza en 2019, cuando Trump consideró la posibilidad de designar a los cárteles mexicanos como terroristas tras el ataque a la familia LeBarón en Sonora, en el que murieron nueve personas, incluidos niños. La propuesta fue retomada en 2021, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, instó a la administración de Joe Biden a clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales. Sin embargo, esta medida fue descartada después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara cualquier intervención militar extranjera en México, subrayando que ya existen mecanismos de cooperación entre ambos países.
El debate sobre si declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no es nuevo, pero las circunstancias actuales lo han revivido. A pesar de la retórica belicista de Trump, es probable que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad continúe, aunque con tensiones. Ambos países enfrentan una crisis compartida relacionada con el narcotráfico, y la solución no parece estar en la intervención militar directa, sino en un enfoque más equilibrado que respete la soberanía de México y promueva una cooperación efectiva.
A pesar de las amenazas de Trump, la postura firme de Claudia Sheinbaum y la de otros funcionarios mexicanos demuestra que México está decidido a defender su autonomía, aunque reconozca la necesidad de una acción conjunta en la lucha contra el narcotráfico. Si bien la cooperación sigue siendo fundamental, el desafío está en encontrar un equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y la soberanía nacional, un tema que seguirá siendo clave en las relaciones entre ambos países.
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