Trump incorporó el tema del combate al narcotráfico como un asunto central de la relación con México y Canadá. La eterna narcotización de la relación binacional aunque ahora atada a una guerra comercial. Pero la amenaza arancelaria puede ser la cortina que oculte otro propósito de mayor calado: la remodelación del gobierno mexicano con el pretexto de combatir la narcopolítica imperante.

El punto de partida del nuevo gobierno estadounidense, y no solo del presidente Trump, es el convencimiento de que en México impera un narcoestado y que la peor plaga que tiene el país junto con los criminales son los narcopolíticos.

El próximo vicepresidente, James Vance; el consejero de seguridad nacional, Mike Waltz, y el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, han insistido en que el narco mexicano controla grandes porciones de territorio nacional y resulta el principal factor de inestabilidad y amenaza para Estados Unidos. Para Vance, la exterminación de los narcos es asunto personal. Culpa a los criminales mexicanos de introducir la droga que arruinó la vida de su madre, una adicta al opio. Para Waltz el tema está en una iniciativa legislativa presentada con el congresista texano Dan Crenshaw donde sugiere una intervención armada estadounidense en territorio mexicano para desactivar a los cárteles de la droga.

“Hay que equipar mejor a nuestros militares y dejar de centrarnos en las prioridades woke y volver a centrarnos en ganar guerras. Nuestra seguridad nacional depende de ello”, ha dicho en declaraciones de prensa.

Marco Rubio será el próximo secretario de Estado norteamericano y su postura es pública: AMLO entregó porciones de territorio mexicano al narco. Y aunque matiza diciendo que es necesario coordinarse con las fuerzas de seguridad mexicanas para desatar una intervención armada de EU en México contra los cárteles, su convencimiento de que prevalece un narcoestado es pleno.

El fondo del asunto no es solo la bravata que puede pasar a decisión con acciones quirúrgicas en comunidades o con detenciones extraterritoriales específicas de capos mexicanos.

Bajo un gobierno demócrata ya pudieron capturar de manera disfrazada a El Mayo Zambada con la ayuda del cártel rival con el saldo de un narcopolítico muerto, el ex rector Cuén.

Con Trump no requerirán de argucias. Están decididos a actuar directamente.

Además de los capos están los narcopolíticos. Y esa es la lista que engrosan desde ahora. Los amagos militares pueden pasar rápidamente a las advertencias sobre funcionarios incómodos y sobre certezas de complicidades y relaciones directas de altos funcionarios, gobernadores o alcaldes con narcotraficantes.

Hay caldo de cultivo. La operación “Enjambre” del gobierno mexicano pudo desarticular una célula de “La Familia Michoacana” en Amanalco, un pequeño municipio mexiquense de apenas 25 mil habitantes. La alcaldesa María Elena Martínez, afiliada a Morena, fue encarcelada por sus vínculos con los criminales a quienes asignaba las partidas del presupuesto público y les pagaba cuotas por acuerdos de cabildo.

Ese es un microejemplo de lo que ocurre en una gran cantidad de municipios de todo el país. Es la célula básica de la narcopolítica mexicana. No es un asunto de ficción ni argumento de una película. Es lo cotidiano.

La nueva administración estadounidense puede amagar con una poda política o con una persistente presión bajo el argumento de que prevalece un narcoestado. No son ocurrencias. Ni es una pequeña operación enjambre. Van a centrarse en ganar guerras. Y la del narco es una de ellas.