Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó este lunes que tres sentencias adversas al gobierno federal en 2023 marcaron el recrudecimiento de una campaña de ataques contra el Poder Judicial, la cual culminó con la reforma para que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.

Durante su segundo y último informe como presidenta, Piña sostuvo que su elección al frente del máximo tribunal, en enero de 2023, significó el regreso de la plena autonomía de la SCJN, lo que desató una ofensiva por parte del gobierno federal y medios oficiales para desacreditar a los integrantes del Poder Judicial.

“Cada vez que la Corte resolvió casos contrarios al proyecto político del gobierno, fuimos acusados de traidores, corruptos y aliados de delincuentes. En cambio, cuando nuestras decisiones eran percibidas como favorables al gobierno, eran celebradas públicamente”, denunció Piña, quien dejará el cargo en 2025 junto con otros cinco ministros tras la aprobación de la polémica reforma judicial.

Sentencias que detonaron los ataques

Piña identificó tres resoluciones como puntos clave en la tensión entre el gobierno y el Poder Judicial:

1. La invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (abril de 2023).
2. La anulación del decreto que clasificaba las obras prioritarias como de seguridad nacional (mayo de 2023).
3. La cancelación del llamado “Plan B” de reformas electorales impulsado por el gobierno (junio de 2023).

“Estas decisiones judiciales provocaron un endurecimiento de los ataques, que incluyeron amenazas, descalificaciones y actos simbólicos como alegorías en ataúdes de ministros,” señaló.

No obstante, la Ministra destacó que estas agresiones no comenzaron en 2023, sino que forman parte de una campaña de deslegitimación iniciada en 2019, con críticas constantes hacia jueces, magistrados y ministros que no se alineaban con el proyecto político del Ejecutivo.

Una reforma sin precedentes ni diagnóstico

Piña también calificó la reforma judicial aprobada este año como un cambio sin precedentes a nivel mundial, basado en una narrativa falsa y carente de un diagnóstico objetivo.

“No debemos olvidar que la independencia judicial es un requisito indispensable para la democracia. Politizar la justicia no resuelve problemas, solo los agrava”, subrayó.

La reforma contempla que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, una medida que, según Piña, pone en riesgo la imparcialidad y la autonomía del Poder Judicial.

Además, cuestionó que el gobierno se enfoque exclusivamente en transformar los tribunales sin abordar problemas estructurales como la mejora de las policías, fiscalías y el sistema penitenciario.

“Espero que la reforma no tenga como objetivo destruir, sino construir un mejor sistema de justicia. Sin embargo, esto solo se verá con el tiempo”, afirmó.

Injerencia política y despedida

La presidenta saliente también recordó intentos previos de injerencia política en el Poder Judicial, como la propuesta de extender el mandato de su antecesor, Arturo Zaldívar, o las amenazas de juicios políticos y persecuciones penales contra jueces.

En su mensaje final, Piña lamentó que siete de los ministros que permanecerán en la Corte hayan tenido que aceptar la reforma judicial a regañadientes, como condición para conservar su haber de retiro. Sin embargo, confió en que la institución mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el equilibrio de poderes.

“Deseo lo mejor para México, y reitero que un Poder Judicial autónomo es esencial para proteger nuestra democracia. Ninguna falla justifica la eliminación de la carrera judicial ni el establecimiento de un sistema que politiza la impartición de justicia”, concluyó.

La sesión del informe se desarrolló sin la presencia de altos representantes del Ejecutivo o del Legislativo, salvo un subsecretario de Gobernación. Mientras tanto, tres ministras cercanas al oficialismo —Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres— han iniciado campañas para competir en la próxima elección, lo que podría cambiar la composición y dirección de la Corte en los meses siguientes.