La corrupción a nivel de alcaldías de buena parte del país es tan importante como la penetración de los grupos criminales en las estructuras de poder de éstas. Si hace unos años los criminales intentaban controlar básicamente las áreas de seguridad de los municipios, hoy controlan la seguridad, las obras, el presupuesto y hasta la propia presidencia municipal. Y ocurre con funcionarios de todos los orígenes políticos. Es más, la política o los partidos pareciera que simplemente son una coartada para afirmarse en esos espacios de poder.

Lo que ocurrió en Tancanhuitz, en San Luis Potosí, es una demostración más de ello. Fue asesinado el alcalde Jesús Franco Lárraga, su secretario particular y sus custodios. El asesinato fue ordenado por un exalcalde José Aguilar Acuña, un expriista ahora cercano a Morena, cuyo hijo, también cómplice, lo sucedió en el cargo y que había perdido el control municipal con el asesinado Lárraga.

Ayer también fue detenido en Pachuca, Hidalgo, Miguel Ángel Cuéllar Rangel, apodado El Tigre, un importante operador del Cártel de Sinaloa y principal operador de extorsiones y homicidios en el municipio de Benito Juárez (Cancún), en Quintana Roo. Cuéllar Rangel no era un sicario y extorsionador más, fue el director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal de Quintana Roo. O sea que quien era el responsable de investigar los crímenes cometidos en el estado era el mismo que los cometía, en una entidad donde la presencia del Cártel de Sinaloa, desde los tiempos de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, siempre fue muy importante.

El martes, en Amanalco, el mismo municipio donde el 22 de noviembre pasado fue detenida la alcaldesa de dicho municipio, de Morena, María Elena Martínez, fueron detenidos la regidora Eulalia Chino Sotero y su esposo, Rey Francisco “N”, por el secuestro de la nueva presidenta municipal Anabel López.

Martínez y su esposo son parte de la Nueva Familia Michoacana, que encabezan los hermanos Hurtado Olascoaga, Johnny El Pez y Alfredo El Fresa. Ambos fueron acusados de haber ordenado el asesinato del síndico Miguel Ángel Lara. Junto con ella fue detenido el exdirector de Seguridad Pública municipal, Manuel Alejandro Rangel Salgado, parte del mismo grupo criminal y partícipe del homicidio del síndico.

En reemplazo de Martínez, el consejo municipal designó el 28 de noviembre pasado como nueva alcaldesa a Anabel López, que había pedido públicamente que fuerzas de seguridad federales y estatales se hicieran cargo de la seguridad del municipio porque no había condiciones para designar un secretario local. El 4 de diciembre, Anabel López fue secuestrada en su domicilio. Un día después fue liberada en una zona boscosa, lejos de su hogar.

Según las autoridades estatales, el secuestro fue ordenado por Pablo Hernández Hernández, El Pelón, uno de los principales sicarios de La Nueva Familia Michoacana y lugarteniente de El Fresa.

“No nos creíste”, le dijo El Pelón a Anabel mientras estuvo secuestrada, “yo soy el dueño de Amanalco y el encargado de que obedezcas, estás aquí por órdenes del Rey y Eulalia, ya los conoces, ellos jalan con nosotros, vas a bajar a Amanalco y vas a renunciar”.

El Rey y su pareja, Eulalia, terminaron detenidos en el rancho en donde estuvo secuestrada la presidenta municipal.

Mientras tanto, en Santo Tomás de los Plátanos, también en el Estado de México, Pedro Luis Hernández, uno de los prófugos de la operación Enjambre y que había sido elegido presidente municipal para un periodo que iniciaría el primero de enero, decidió adelantar, apoyado por el cártel de La Familia Michoacana, familiares y algunos habitantes, su toma de posesión para asumir el cargo y designar un suplente que lo reemplazara. En medio del acto llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Guardia Nacional, quienes intentaron detener a Hernández, que huyó protegido por un cuerpo de seguridad.

Según la Fiscalía estatal, la Nueva Familia Michoacana financió su campaña. También está acusada y tiene orden de aprehensión su esposa, María del Rosario Matías, la presidenta municipal que fue destituida luego del inicio del operativo, que estaba prófuga y que también se fugó del evento junto con Hernández.

Hay que recordar un dato que se suele obviar. Hay unos 130 mil elementos en la Guardia Nacional, pero entre las policías estatales y municipales hay cerca de 400 mil elementos que, además, son los que operan realmente en esos municipios y estados, a los que hay que sumarles los elementos de las policías locales de investigación.

Sin recuperar esas policías locales será imposible recuperar, a su vez, la seguridad, por más esfuerzos que se hagan desde las fuerzas federales. Hay lugares donde se puede avanzar, como en el Estado de México, con un fiscal, José Luis Cervantes, y un secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, eficientes y honestos.

Pero hay estados donde fiscalías y secretarios de Seguridad, en el mejor de los casos, son prescindentes y, en muchos otros, cómplices y hasta integrantes de los grupos criminales, como lo vimos con El Tigre en Quintana Roo o como ha sucedido todo el sexenio pasado en Chiapas. Por eso la actual estrategia de García Harfuch tiene capítulos regionales y estatales, para ir sanando esos espacios desde municipios y estados. Ésa es la prioridad sexenal.