México tiene hasta el 3 de febrero de 2024 para revertir el decreto que prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado (OGM) para consumo humano, luego de que un panel de resolución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dictara que dicha medida es “inconsistente” con los compromisos adquiridos en el acuerdo comercial.
El gobierno mexicano, a través de las Secretarías de Economía y Agricultura, ya ha señalado que respetará la determinación del panel, lo que implica que se deberá modificar o eliminar el decreto emitido el 13 de febrero de 2023 que prohíbe el uso de maíz transgénico para la producción de harina y masa para tortillas, entre otros productos.
El experto en comercio exterior, Jorge Molina, explicó que si México no adopta las medidas correctivas antes del 4 de febrero, Estados Unidos y Canadá podrán comenzar a aplicar aranceles. “Si México no corrige el problema originado por el decreto antes del 4 de febrero, los aranceles pueden entrar en vigor, y si Donald Trump regresa como presidente, podría ser la excusa perfecta para cumplir sus promesas de campaña de imponer tarifas a México”, advirtió Molina.
Por su parte, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), comentó que el panel concluyó que los decretos emitidos en 2020 y 2023 no cuentan con evidencia científica que respalde que el maíz OGM represente un riesgo para la salud humana, animal o el medio ambiente. “El fallo deja en claro que no existen fundamentos científicos que justifiquen la prohibición del maíz transgénico”, indicó Anaya, refiriéndose a las políticas impulsadas por la administración de la Cuarta Transformación.
El fallo obliga a México a permitir las importaciones de maíz transgénico, eliminar el decreto del 13 de febrero de 2023 y reconocer que no hay evidencia científica que demuestre que el maíz OGM cause daños. Además, el país deberá negociar el uso de maíz transgénico para consumo humano directo, como en la producción de tortillas y otros alimentos.
Anaya agregó que México debe adoptar una postura basada en la ciencia y los intereses económicos del país, sin comprometer su soberanía alimentaria ni su reputación en el mercado global.
