Masari Casa de Bolsa quiere convertirse en banco. Esta semana solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la licencia para operar como una institución de banca múltiple y competir con las fintechs y sofipos que ya han logrado que el regulador, todavía a cargo de Jesús de la Fuente, les otorgue dicho permiso.

El problema con Masari es que está envuelto en un escándalo legal por la presunta participación del empresario Manuel Herrejón Suárez, quien detentaría más del 5% del capital social con una inversión proveniente de su padre, Óscar Herrejón Caballero, asociado a problemas judiciales de alto calibre.

Herrejón Caballero fue extraditado el 28 noviembre desde Italia y enfrenta acusaciones en México por violación agravada y fraude procesal. El primer caso, a cargo de la Fiscalía del Estado de México, de José Luis Cervantes, ha estado marcado por decisiones judiciales que parecen favorecer al acusado. Fue el caso del fallo del juez de control, Emmanuel Ruíz Albarrán, quien en abril pasado ordenó su libertad bajo el argumento de errores técnicos en la imputación.

Sin embargo, la Fiscalía mexiquense, convencida de los elementos de prueba en su contra, emitió nuevas órdenes de aprehensión y solicitó fichas rojas a la Interpol. Así, en junio de este año Óscar Herrejón fue detenido en Italia, lo que obligó al gobierno mexicano a iniciar el proceso de extradición.

Su regreso a México trajo consigo nueva polémica, pues se presume que gracias a sus conexiones políticas, en especial la de Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI, no le fueron ejecutados los mandatos judiciales a su llegada. Más aún, el exfinanciero no compareció físicamente ante el juez. En una maniobra cuestionable, Ruíz Albarrán permitió su participación virtual en una audiencia de más de 12 horas, donde la Fiscalía insistió en su responsabilidad.

El próximo sábado se llevará a cabo una audiencia clave para definir si el empresario será finalmente vinculado a proceso. La atención está puesta en el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, y en si habrá voluntad para evitar la impunidad.

En este contexto, Masari Casa de Bolsa pretende convertirse en una institución de banca múltiple en México. Busca la licencia Tipo 1, que le permitiría operar todos los productos contemplados en la Ley de Instituciones de Crédito.

A la par ha intentado por todos los medios deslindarse del “clan” Herrejón sin mucho éxito, pues documentos enviados a la propia CNBV acreditan que Manuel Herrejón Suárez planeaba convertirse en accionista del banco a través de la aportación de 130 millones de pesos.

La inyección de este capital se realizaría mediante la sociedad Canario Montgomery Burns S.A. de C.V. (CMB), donde Manuel Herrejón tiene el 99.99% de participación accionaria, y un fideicomiso en el que Masari figura como parte involucrada.

La estrategia de la financiera para marcar su distancia de los Herrejón y de Alito Moreno no han dado resultados, y más allá de los obstáculos del regulador, la pregunta es si Masari podrá sostener su proyecto en medio de este escenario.

Posdata 1

En el sector asegurador hay malestar en torno al proceso que lleva a cabo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a cargo del contralmirante José Ramón Rivera Praga, para la contratación del Seguro de Bienes Patrimoniales y Responsabilidad Civil, identificado con el número LA-09-KDN-009KDN001-N-3-2025, el cual fue publicado el pasado lunes 9 de diciembre. En este caso se trata de una póliza plurianual que abarca los ejercicios fiscales 2025 y 2026. El monto aproximado es de 400 millones de pesos.

Los requisitos técnicos son exactamente los mismos que desde hace varios años favorecen a Grupo Valore, de la familia Llamosas, del que forman parte GMX Seguros y ANA Compañía de Seguros, para asegurar los bienes del AICM, en donde esta dupla ha sido la única que cumple con los estrictos requerimientos.

Al parecer, la cerrazón de las autoridades en materia de contrataciones del AICM ha obstaculizado la igualdad de condiciones para los interesados en participar. El temor es que esa actitud persista en la apertura de propuestas del proceso que está en puerta, ya que como lo establece Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, se deberá sustentar a través de una investigación de mercado, condiciones de equidad que permitan la libre participación de las más de 100 aseguradoras que existen en el país.

Posdata 2

Almudena “N”, hija del exdueño de Unifin, el empresario Rodrigo Lebois Mateos, fue detenida este jueves en la Ciudad de México por el delito de defraudación.

La policía de investigación del Estado de México efectuó la detención este jueves en la colonia Lomas Altas y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La hija del empresario Rodrigo Lebois fue trasladada al Reclusorio de Barrientos en el Estado de México.

Almudena “N” fue consejera de Unifin hasta que la empresa cayó en default crediticio a mediados de 2022, con lo que inició un arduo proceso de reestructura que continúa hasta la fecha, para cumplir con el pago de la deuda a sus diversos acreedores.

Los miembros de la familia Lebois figuraban como los principales accionistas de Unifin hasta principios de este año, cuando el capital social de la prestamista no bancaria tuvo una reconfiguración como parte del concurso mercantil, proceso del que Unifin salió en enero de 2024.

En una asamblea celebrada en julio pasado se aceptó la renuncia de Rodrigo Lebois como presidente del consejo de administración de Unifin, marca que el empresario creó a finales de la década de 1990.

El medio digital EL CEO publicó el pasado 17 de octubre que la familia Lebois, junto con exejecutivos de Unifin y su círculo cercano, emplearon una red de al menos 15 sociedades, a través de las cuales solicitaron créditos –en nombre de Unifin– que enriquecieron a Rodrigo Lebois.

Entre los bienes identificados que el empresario adquirió están un yate, autos de lujo, helicópteros, relojes, así como departamentos en Vail, Miami y Houston (Estados Unidos), Madrid y Sotogrande (España), Punta Mita (Nayarit), y una propiedad en Cumbres de Acultzingo (Veracruz), entre otros.

A la par, Unifin manipuló sus estados financieros para obtener préstamos y ganar la confianza de los inversionistas, acreedores y calificadoras.

Posdata 3

La Ciudad de México, de Clara Brugada, atraviesa una innegable crisis de vivienda. Al interior de la 4T han optado por culpar de ello a las empresas de renta por aplicación como Airbnb o Booking, para evitar entrar en la discusión de factores como el aumento de precios del suelo o el abandono de inmuebles en las 16 alcaldías capitalinas.

Según cifras del INEGI, de Graciela Márquez, del espectro de viviendas existentes en la capital, más de 207 mil 26 se encuentran bajo el estatus de “inhabitada”, mientras que solo 26 mil 500 espacios están registrados en plataformas digitales como Airbnb, que en México lidera Ángel Terral.

De acuerdo con el reciente estudio de Estancia Turística Eventual y Plataformas Eventuales de Hospedaje en la Ciudad de México, realizado por la consultora Alquimia Urbana, la crisis de la vivienda en la capital requiere entonces de un programa que logre equilibrar los beneficios económicos del turismo y la recaudación, al mismo tiempo de promover el acceso a la vivienda.

Posdata 4

Entre las empresas que firmaron el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y Sustentabilidad, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum con la Conagua, destaca la participación de la regiomontana Cemex, que será fundamental para que el sector industrial de manera voluntaria pueda aportar en conjunto 126 millones de metros cúbicos de agua concesionada.

La compañía de materiales para la construcción viene desde hace varios años contribuyendo con programas para la preservación del vital líquido. En 2023, por ejemplo, logró reemplazar más de 270 millones de litros de agua potable por agua de segundo uso, gracias a alianzas estratégicas con gobiernos e industrias privadas, como del sector de bebidas, farmacéutico y de alimentos. Esta agua alterna se usa en 155 plantas de concreto a nivel nacional.

Adicionalmente, la cementera que preside Fernando González Olivieri suma esfuerzos con comunidades aledañas a sus centros de producción para proteger los mantos acuíferos, y para implementar en general programas de reforestación y conservación de cuencas hidrológicas.