En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum señaló presuntas irregularidades en la última decisión del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que, a un día de su desaparición oficial, publicó las bases de la Licitación IFT-12 para concesionar más de 2 mil bloques de espectro radioeléctrico, clave para los servicios de 5G. Según Sheinbaum, este proceso “no fue correcto”, comprometiendo los intereses del Estado mexicano y beneficiando directamente a la empresa estadounidense AT&T.
La funcionaria aseguró que se emprenderán acciones legales para revertir las concesiones y afirmó que la decisión debe corresponder exclusivamente al Estado. “No se puede permitir eso porque la decisión es del Estado mexicano, no de unas cuantas personas del IFT que quisieron dar este albazo”, declaró.
José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, respaldó estas declaraciones, señalando que la licitación no garantiza cobertura social, especialmente en áreas de bajos ingresos o regiones remotas. Además, argumentó que la transición del IFT compromete la certeza jurídica tanto para el Estado como para las empresas concesionarias.
Desde el gobierno, las críticas se dirigieron hacia Luis Videgaray y Carlos Salinas. Según un reportaje de Canal Catorce, Mónica Aspe Bernal, actual CEO de AT&T México y vinculada con Pedro Aspe, habría jugado un papel central en estas decisiones. Asimismo, se recordó que Videgaray, impulsor de la Reforma en Telecomunicaciones de 2013, colocó a personas cercanas en el IFT, incluyendo a Gabriel Contreras, quien posteriormente asumió un cargo en AT&T.
Por su parte, Carlos Slim, propietario de América Móvil, también denunció en febrero pasado las presuntas prácticas irregulares en el IFT, mencionando que los intereses de AT&T habrían sido favorecidos. Slim, cuya empresa concentra el 64% del espectro concesionado, ha sido uno de los mayores críticos de estas decisiones, que beneficiarían a AT&T y Telefónica, cuyos porcentajes alcanzan el 22% y 7.65%, respectivamente.
