Donald Trump, quien a partir del 20 de enero estará tomando las decisiones en la Casa Blanca, trae dando tumbos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Mensaje que da, en mítines o en las redes sociales, le provoca sobresaltos y contradicciones. El último fue resultado de un discurso que pronunció en Phoenix, en el estado fronterizo de Arizona, donde reiteró que pensaba designar a los cárteles de las drogas mexicanas “organizaciones terroristas”. Su respuesta inmediata, matizada el lunes, pintó de cuerpo entero lo descolocada que se encuentra ante Trump, sin tener una estrategia de cómo torearlo o responderle.
Es claro que Sheinbaum está respondiendo a lo que publica la prensa, lo que la obliga posteriormente a corregir. El domingo, poco después de que se difundiera el discurso de Trump, señaló que México no aceptaría injerencias porque era un país soberano. El lunes matizó. En su conferencia diaria dijo que Trump no había hablado de ninguna intervención en México. En realidad, sí habló Trump de ello, pero ni Sheinbaum ni su equipo se dieron cuenta. Reaccionaron a lo que no debían, y callaron ante la renovada amenaza del presidente electo.
La parte que motivó el traspiés, la designación de los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, es un viejo debate que se remonta a marzo de 2011, cuando el diputado republicano de Texas, el ex fiscal Michael McCaul, presentó una iniciativa de ley para que se nombrara Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) a seis cárteles -los Arellano Félix, Los Zetas, los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo-, que permitiría al gobierno limitar sus finanzas y propiedades, así como poder juzgarlos en Estados Unidos e imponer penas criminales a quienes los apoyaran.
Esos intentos se contuvieron por años, hasta Trump comenzó a hablar de ellos desde su primera campaña presidencial. Dejó de hacerlo por petición expresa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero la exasperación por su complacencia con los cárteles, y en particular con el de Sinaloa, renovó las presiones en Estados Unidos.
En 2022, el gobernador de Texas, Gregg Abbot, firmó una orden ejecutiva para designarlos organizaciones terroristas, y ordenó a su policía a incrementar sus esfuerzos para evitar el tráfico de fentanilo. En 2023, 21 fiscales estatales republicanos le pidieron lo mismo al presidente Joe Biden, argumentando que estaba en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, y semanas después seis senadores republicanos, encabezados por Lindsey Graham, que ha tenido una relación de amor y odio con Trump, los secundaron.
Esa designación, que realiza la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, no significa ninguna acción estadounidense sobre un territorio extranjero. Es un entramado doméstico que busca procesos judiciales y condenas, aunque no estén los acusados presentes, contra aquellas organizaciones que se involucren en “actos terroristas premeditados y políticamente motivados contra objetivos no combatientes”. Desde que en 1997 se colocó en la lista de las FTO a 13 entidades extranjeras -incluidas Hamas, Hezbolá y Sendero Luminoso-, han sido 68 las que han sido clasificadas de esa forma, pero nunca alguna mexicana.
Trump reiteró que pensaba designar a los cárteles de las drogas mexicanas “organizaciones terroristas”. Claudia aún no encuentra una estrategia para torearlo o responderle.
La designación no es un proceso automático, e involucra a varias agencias del gobierno que tienen que llegar a un acuerdo sobre si la organización señalada cumple con los criterios, desde sus diferentes puntos de vista, para ser incluida en la clasificación de terrorista.
Sheinbaum se metió el domingo en un debate interno de Estados Unidos, del que se salió el lunes. Pero en su política dejó viva la amenaza de Trump en el mismo discurso en Phoenix, al asegurar que cada cártel que opere “en territorio estadounidense, será desmantelado, deportado y destruido”, que es una secuela de las amenazas previas que enviará militares a México para cazarlos y aniquilarlos.
Sheinbaum parece estar herida en su estima por las críticas que ha recibido por algunas de sus declaraciones, como la que hizo el 3 de diciembre, en reacción a otro artículo periodístico, en la revista Rolling Stone, que citaba sin identificar, a personas cercanas a Trump que revelaron que se seguía considerando la opción militar para acabar con los cárteles mexicanos.
La presidenta dijo que no consideraba que se fuera a dar una invasión, pero que de cualquier forma, “ahí tenemos el himno nacional”. Este lunes sangró por su herida y recordó que hubo quienes se burlaron de ella por sacar el himno como respuesta, insistiendo que la gran mayoría de los mexicanos rechazan el intervencionismo de Estados Unidos. Hablar de una invasión estadounidense a México es retórico, aunque en términos de opinión pública, tampoco es cierto lo que dice la presidenta.
No hay tal consenso sobre el intervencionismo de Estados Unidos. De acuerdo con un estudio de la consultora TResearch de octubre pasado, el 44.6% de los mexicanos estarían de acuerdo con una acción de Trump en territorio mexicano contra las organizaciones criminales, mientras que 48.5% mostraron estar en desacuerdo. Sheinbaum no tiene el apoyo nacional, y tampoco ha hecho mucho por construirlo.
Sheinbaum dijo que no consideraba que se fuera a dar una invasión, pero que de cualquier forma, “ahí tenemos el himno nacional”. Luego sangró por la herida y recordó que hubo quienes se burlaron de ella.
Las mediciones sobre el pulso mexicano que se realizaron después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, dan un elemento de análisis que está ignorando Sheinbaum, que se ha quedado en lo cosmético y en la declaración fácil, y en posicionamientos cuestionables, como quejarse como lo hizo López Obrador de por qué no le ha informado Estados Unidos al gobierno mexicano sobre la operación contra Zambada, que ha parecido más una defensa del exjefe del Cártel de Sinaloa, que una condena por la acción ejecutada.
Este tipo de mensajes no ha sido bien recibido. Tres meses después de ese incidente, Parametría reportó que el 44% estarían de acuerdo que agentes estadounidenses operaran en territorio mexicano contra el narcotráfico, contra 49% que se oponían. Y el 18.8%, según TResearch, piden no hacer nada contra Trump si lo hace, contra 38.6% que proponen cancelar la cooperación en materia de seguridad. Sorprendentemente, el 18% no tiene opinión sobre este tema, lo que tampoco es buena noticia para Sheinbaum, porque si Trump empieza a cumplir con sus amenazas, la presidenta no tiene ni el respaldo interno para enfrentarlas, ni ha mostrado la capacidad, como lideresa y gobierno, para tener las respuestas políticas adecuadas.