Ya no somos el país más católico del mundo, pero nos hemos vuelto uno de los dos más letales para sacerdotes católicos. La Agencia para las Obras Pontificias Misioneras de El Vaticano nos clasifica así; sólo nos gana Nigeria. México tiene unos 15 mil sacerdotes católicos y es uno de los países donde más se ataca a esa iglesia y a sus ministros. Semanalmente, 26 templos son agredidos, vulnerados, robados o incendiados en nuestro país.

Hubo 25 sacerdotes católicos asesinados en México durante el sexenio de López Obrador. Lo anterior de acuerdo al reporte 2024 del Centro Católico Multimedial “Violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones”.

Sí, los sacerdotes también son víctimas de extorsiones, de amenazas, de levantamientos, de secuestros, de tortura, de asesinatos… Como el del párroco Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, recientemente.

El asesinato a sangre fría de dos sacerdotes jesuitas en su parroquia de la Sierra Tarahumara en junio de 2022 impulsó a la Iglesia a reiterar que la autoridad estaba sobrepasada e impulsó el “Diálogo nacional por la paz”; una serie de reuniones para buscar soluciones que enfrentaran la violencia desde las comunidades parroquiales. En ese entonces, los tres candidatos presidenciales firmaron un buen número de propuestas contra la inseguridad. La presidenta Sheinbaum las suscribió a regañadientes y con reservas pues no compartía el diagnóstico “pesimista” que presentó el Episcopado.

Luego, a principios de este año, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, dijo que diversos sacerdotes en Guerrero buscaban que el narco hiciera una tregua. No tuvieron éxito.

Ahora, el obispo Ramón Castro, actual secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, confirmó que en octubre se mantuvo una reunión con Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, “para crear puentes y tener un diálogo que no existió el sexenio pasado”. La iglesia está convencida de que, por sí solo, el gobierno no va a poder y que la estrategia que siguió AMLO no funcionó.

Ahora bien, hay sentimientos encontrados respecto a tener diálogos periódicos con la autoridad. Por una parte, los religiosos la buscan con insistencia, pero por otro lado hay recelo. No pocos sacerdotes que trabajan en ‘las zonas calientes’ del país han constatado en carne propia que la autoridad ha cedido espacios a los narcos, olvidando a sus pobladores.

Pero todo esto es el contexto y la situación sólo se pondrá peor. Todo indica que habrá mayor pillaje en las iglesias, que se incrementará la violencia en los altares y que se socavará aún más a la institución religiosa en México. ¿Por qué? Debido a que la 4t decidió que el desarme de la población (programa que se realiza a principios de cada año desde hace tiempo), tendrá lugar ahora en los atrios de las iglesias.

En otras palabras, este gobierno está provocando que los recintos de culto donde se hará la entrega de armas se conviertan en posibles espacios de robo de éstas y de alta violencia. El desarme debería darse en espacios públicos seguros para toda la población, nunca en la puerta de las iglesias. Se está contaminando esos espacios e “invitando” a los feligreses a que no asistan a misa dado lo peligrosas que éstas se convertirán. Llevar el desarme de la población a los atrios es llevar la guerra intestina del país a lo que antes se conocía como lugares seguros.

¿O es que Regeneración Nacional intenta dinamitar esos pequeños espacios de concordia?

Tiene razón el último comunicado de la diócesis de San Cristóbal: “las autoridades criminalizan a los religiosos comprometidos con la paz. Las autoridades deben poner un alto total a la violencia desbordada en el estado, fruto de la impunidad, la complicidad, la corrupción, negación y minimización de los fatales hechos violentos que día con día viven nuestros pueblos”. El asunto es que ahora todo eso ocurrirá en las iglesias de cada localidad, que serán los nuevos campos de batalla.}