Con cinco años de retraso, pero con mayor contundencia que cuando se concibió originalmente, Morena está a un paso de aniquilar el negocio de cigarros electrónicos y vapeadores en México. Este fue un tema que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tomó como personal, y fue secundado por el muy radical exsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El martes pasado se aprobó en la Cámara de Diputados, por mayoría calificada, la iniciativa que reforma los artículos 4° y 5° de la Constitución para prohibir la comercialización de cualquier categoría de estos dispositivos. Sorprendentemente fue incluida en el mismo paquete legislativo en el que se prohibió la venta y consumo de drogas sintéticas, entre éstas el fentanilo. La minuta está ahora en el Senado de la República, donde legisladores del oficialismo y de la oposición meditan su voto. Fuentes de la Cámara Alta aseguran que no tendrá el mismo consenso –genuino o forzado– que otros dictámenes.

Al igual que en la Cámara de Diputados, en el Senado se requieren las dos terceras partes de los votos para su aprobación. Se anticipa que un grupo reducido de legisladores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, entre ellos el chiapaneco Luis Armando Melgar, voten en contra en este caso, argumentando una falta de consensos y análisis sobre la experiencia internacional. El tema es que, si bien con los 87 senadores y senadoras que presume el coordinador de Morena, Adán Augusto López, entre estos los votos de sus aliados y transfugos del PAN y el PRI, obtendrían la mayoría calificada, algunos legisladores ya dejaron claro que van por el no.

El voto de la oposición también jugará un rol relevante, pues dentro de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano hay quienes no ven con tan malos ojos la prohibición de los vapeadores y cigarros eléctricos, pese a que se proyecta un incremento de los productos ilegales, un negocio que, lejos de quitárselo al crimen organizado, se fortalecería su injerencia. También se prevé una afectación fiscal.

A principios del año pasado, un grupo de funcionarios cercanos a Palacio Nacional intentaron frenar la iniciativa, en parte por el cabildeo y presión de las empresas tabacaleras que están migrando su negocio hacia este tipo de dispositivos, y otro tanto por convencimiento propio de que no es la mejor alternativa prohibirlos. “Prohibido prohibir”, lanzaba con vehemencia el expresidente López Obrador y de ahí se agarrarán senadores que no están de acuerdo con el dictamen.

En algún momento, López-Gatell había recomendado usar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para asestar el golpe contra los vapeadores y cigarros electrónicos.

Entre las estrategias disuasivas para evitar la prohibición se interpusieron diversos amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para declarar inconstitucional la prohibición de importaciones a través de la legislación de impuestos. Uno de estas se concretó el mes pasado a propuesta del ministro Jorge Pardo Rebolledo.

La afrenta desde un agonizante Poder Judicial no podía ser ignorada por un retirado –pero siempre vigilante– Andrés Manuel López Obrador, quien considera que esta industria que genera 5 mil millones de pesos al año ha afectado directamente a su familia. Por ello se anticipa una votación de pronóstico reservado sobre este tema en el Senado.

Posdata 1

En el Senado de la República hay cuatro liderazgos visibles, comentados y reconocidos tanto por los legisladores oficialistas, como por los de oposición. Por un lado, el coordinador de Morena y titular de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, quien llegó a arrebatarle el presupuesto de la Mesa Directiva y a hacer todo tipo de acuerdos para sacar reformas polémicas como la judicial. Por el otro lado está Gerardo Fernández Noroña, siempre muy vocal y aguerrido, quien ha intentado ejercer el poder de la Presidencia de la Cámara, pero se ha visto acotado por Adán Augusto y los otros dos liderazgos: la senadora por Chihuahua y presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, y el sonorense Alejandro Esquer, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; este último, el enlace con Palenque, Chiapas, pues se asegura que aunque dejó formalmente su cargo como secretario particular de López Obrador, lo sigue ejerciendo.

Posdata 2

La incautación de una tonelada y media de fentanilo con un valor de mercado superior a los 400 millones de dólares; la detención de 5 mil 333 personas por delitos de alto impacto en los dos primeros meses de gobierno y el traslado del titular de la SSPC a Sinaloa, donde se vive un infierno, han cambiado la narrativa sobre la seguridad en el país. El principal articulador de esta estrategia es el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

García Harfuch reconoció este miércoles que la disminución de la violencia no es una tarea sencilla ni inmediata, pero el compromiso del gobierno federal está firme: combatir la inseguridad, mejorar la percepción y los índices delictivos en los primeros 100 días de gobierno; posteriormente, el objetivo es cerrar el primer año de administración con avances considerables.

“No es cuestión de emitir declaraciones o de expresar opiniones, sino de actuar y trabajar todos los días para lograr ese objetivo”, dijo el secretario ayer en Sinaloa.

García Harfuch enfatizó que se intensificarán las acciones como aseguramientos, cateos y detenciones, fundamentales para aminorar la situación de violencia en el país y, particularmente, en Sinaloa. La presencia del secretario federal en el estado es otra buena señal de que la estrategia cambió y está centrada en dar resultados.

Posdata 3

La repartición de culpas por el multimillonario adeudo de Pemex a sus proveedores ha escalado en los últimos días.

En Tabasco, las protestas de trabajadores de empresas que exigen el pago de sus adeudos a Pemex han puesto muy nervioso al gobernador Javier May, quien busca responsables, pero de ninguna manera voltea a ver a su paisano y amigo, el exdirector de la petrolera, Octavio Romero, ni a la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, quien se gastó los 17 mil millones de dólares que le deben a los contratistas en una refinería que no está produciendo; la culpa se la quieren cargar a los propios trabajadores de la petrolera.

Javier May ha referido que las movilizaciones en su estado tienen que ver con el sindicato petrolero, que encabeza Ricardo Aldana, aunque los trabajadores no tienen que ver con las empresas proveedoras de servicios de Pemex. Los inconformes son las empresas privadas, algunas en quiebra técnica por los impagos o de plano en vías de extinción, que es por lo que los desempleados están molestos.

Las manifestaciones en Tabasco y en lugares como Ciudad del Carmen, Campeche,  terminarán cuando Pemex pague y lo más que ha prometido a sus contratistas es saldar el 10% del total de sus adeudos en los próximos meses.

En Ciudad del Carmen, donde más empresas han quebrado por la falta de pago de Pemex, ya no se ven los helicópteros sobrevolando las plataformas petroleras: ninguna compañía le quiere o puede arrendar las aeronaves por la crisis que están atravesando.