La Corte Penal Internacional (CPI) acumula ya 13 comunicaciones sobre presuntos crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en México, según informó este jueves en el marco de su Asamblea de Estados Parte. El más reciente dossier, enviado por el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), es el primero que incluye delitos cometidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y solicita un examen preliminar de la situación en el país.
El informe identifica al menos 1,854 asesinatos y desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado entre 2006 y 2022, con un índice de impunidad superior al 96%, además de crímenes cometidos por organizaciones criminales. Los datos muestran que estas acciones no se limitan a regiones específicas, sino que se extienden por todo el territorio nacional en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Entre las pruebas presentadas se documentan patrones de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos internos, atribuibles tanto a autoridades estatales como a grupos delictivos.
Desde la primera comunicación enviada a la Corte en 2011, el expediente sobre México ha crecido considerablemente. Organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) han entregado al menos siete reportes, el último en 2021, documentando torturas y crímenes de lesa humanidad entre 2006 y 2018.
Otras investigaciones han señalado casos específicos, como los crímenes en Coahuila, Chihuahua, Baja California y Veracruz, y las violaciones cometidas por fuerzas de seguridad estatales y federales. También se han presentado denuncias sobre el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento interno causado por organizaciones criminales.
El reporte del CICA destaca que, aunque previamente las comunicaciones se centraban en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esta última entrega incluye presuntos crímenes cometidos bajo la administración de López Obrador.
José Antonio Guevara, miembro del Consejo Directivo del CICA, señala que los patrones de violencia documentados no son casos aislados, sino el reflejo de una política estructural. “El gobierno sigue dando la orden, y no hay voluntad ni capacidad de procesar, investigar y sancionar estos crímenes”, afirmó.
El informe coincide con datos nacionales que reflejan una crisis de violencia generalizada en México: más de 420 mil homicidios con arma de fuego y 115 mil desapariciones desde 2006, según cifras oficiales.
La posición del Estado mexicano ante la CPI ha oscilado entre el negacionismo durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, y lo que Guevara describe como un “desentendimiento” durante la administración de López Obrador.
Guevara sostiene que México representa una oportunidad crucial para que la CPI demuestre su compromiso con la justicia universal, libre de influencias políticas. “Estoy convencido de que la fiscalía tiene los elementos para creer que crímenes de su competencia se han cometido en México y que no hay voluntad de las autoridades locales para actuar”, afirmó.
El siguiente paso dependerá del análisis del fiscal Karim Khan, quien podría iniciar un proceso de investigación formal enfocado en crímenes cometidos por el Estado, organizaciones criminales o fenómenos específicos como torturas y desapariciones.
El caso de México, con su compleja combinación de violencia estatal y delictiva, podría convertirse en un hito en la historia de la Corte Penal Internacional.
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