Ayer la elección de la terna de personas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se tuvo que suspender luego de que el Consejo Judicial Ciudadano no logró mayoría calificada de 7 votos para definir los nombres de las tres personas que deben ser propuestas a la jefa de Gobierno de la CDMX para que designe a quien ocupará la FGJ. Nos dicen que el proceso se empantanó después de que, tras varias rondas de votación, la aspirante Bertha María Alcalde no quedó dentro de ninguna de las ternas, y a que una de las consejeras impidió que se lograra la mayoría calificada. Nos recuerdan que doña Bertha es parte del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, donde ocupó cargos en la Cofepris y el ISSSTE, y que fue propuesta por el expresidente López Obrador en una terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar que finalmente ocupó la actual ministra Lenia Batres. También fue propuesta para ser consejera presidenta del INE, cargo que tampoco logró alcanzar. Nos hacen ver que si Morena presiona para que Alcalde quede entre en las ternas se podría vivir un episodio como el que se registró el mes pasado cuando el Senado metió con calzador a Rosario Piedra en la terna para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pese a ser la aspirante peor evaluada la aplanadora morenista le dio los votos necesarios para que quedara al frente de la CNDH. De ser el caso, aseguran, ¿de qué sirve que se hagan procesos de selección, si lo que se privilegiará es un dedazo?  ¿Será que Morena se tropezará con la misma piedra en el proceso de selección de la fiscalía capitalina?

Nos hacen notar que los diputados de Morena y sus aliados perfilan recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 13 mil 476 millones de pesos al INE; 14 mil millones al Poder Judicial, que incluye a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. En contraste, al presupuesto que ellos mismos gastarán en 2025, por más de 9 mil 600 millones, no le quitaron ni un peso, cero recortes. Y al Senado, donde también son mayoría, le quitaron 123 millones de pesos, dejándoles más de 5 mil millones a su disposición. Quién parte y reparte, se queda con la mayor parte, dice el refrán. Háganse los recortes en los bueyes de mi compadre, dice otro que calza bien en este caso.

Después del escándalo por la boda que el exjefe de oficina de la secretaria de Relaciones Exteriores, Martín Borrego Llorente, realizó en las instalaciones del Museo Nacional de Arte, usando su cargo para conseguir el inmueble, en la cancillería diplomáticos señalan que don Martín debiera ser dado de baja como miembro del Servicio Exterior Mexicano. Si bien ya presentó su renuncia a la Semarnat, y a su jefa, la excanciller Alicia Bárcena, nos dicen que también debería ser inhabilitado como funcionario público, pues no vaya a ser que aspire a que le den un cargo en el extranjero mientras se enfría el escándalo. La cancillería anunció el lunes que se investiga el caso, y al menos mientras concluye esa investigación, sería muy difícil que se le designara en alguna misión de México en el exterior.

Es evidente que persisten las divisiones al interior del Poder Judicial. Fue notoria la ausencia de la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, en el informe de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Tampoco asistieron los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes impulsaron a Soto a la presidencia. En contraste, sólo asistieron Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora, quienes han quedado como minoría en la mayoría de las votaciones del pleno. Cabe recordar que Soto también evitó presentar su informe anual de manera presencial y solo se limitó a enviarlo por escrito. Divididos hasta el final.