El juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco García Contreras, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto delito de desacato. Además, les impuso una nueva multa de 54,285 pesos y les otorgó un plazo de 24 horas para detener el proceso electoral extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.
En un acuerdo publicado recientemente, el juez señaló que el INE ha sido renuente en acatar la suspensión provisional otorgada en septiembre de este año, ordenando a la FGR iniciar las investigaciones correspondientes.
“Se da vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, con copia autorizada del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo”, detalló García Contreras.
Este artículo establece que las personas responsables de desacatar una suspensión judicial podrían enfrentar penas de tres a nueve años de prisión, una multa de 50 a 500 días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para ocupar cargos públicos.
El juez también ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudar la multa económica previamente impuesta a los consejeros. A través de un oficio, instruyó al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Ciudad de México “1” a ejecutar el cobro de la sanción y acreditar su cumplimiento en un plazo de tres días.
En su resolución, el juez reiteró al Consejo General del INE que tiene 24 horas para acreditar, mediante documentos o videograbaciones, el cumplimiento de la suspensión provisional. Esta suspensión fue concedida en septiembre y ordena detener el proceso extraordinario electoral en cuestión.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, había declarado en días pasados que no pagarían las multas impuestas. Sin embargo, el juez advirtió que, de no cumplir lo ordenado, se podrían imponer nuevas sanciones económicas y otras medidas legales.
Esta denuncia se suma al requerimiento del SAT, que hace unos días solicitó información sobre los consejeros para gestionar el cobro de una multa previa, también de 54,285 pesos, por el mismo motivo.
El conflicto refleja una creciente tensión entre el INE y el Poder Judicial, en un contexto donde la autonomía del órgano electoral ha sido tema de debate político. De confirmarse las sanciones y el desacato, los consejeros podrían enfrentar consecuencias legales significativas, incluyendo su destitución e inhabilitación.