Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ha gastado 41.8 millones de pesos en nueve viajes realizados este año a Ciudad Juárez, Chihuahua, en el marco del proceso legal que enfrenta por el incendio en una estancia migratoria ocurrido en marzo de 2023, que dejó 40 muertos y 27 heridos.
Los montos, obtenidos vía transparencia, corresponden a conceptos como pasajes aéreos y viáticos para el comisionado y su equipo de trabajo. De acuerdo con la información del INM y la Dirección General de Recursos Financieros, cada visita tuvo un costo promedio de 4.6 millones de pesos.
La Secretaría de Gobernación y otras dependencias han señalado que estos gastos están ligados al cumplimiento de las obligaciones legales de Garduño, quien debe presentarse cada 15 días en Ciudad Juárez para firmar como parte de las medidas cautelares impuestas tras ser vinculado a proceso por el ejercicio indebido del servicio público.
Defensa costosa y críticas públicas
El uso de recursos públicos para los traslados y defensa del comisionado ha generado críticas por parte de organizaciones civiles y abogados. Marco Zavala, representante de la Fundación por la Justicia, señaló que los gastos relacionados con los viajes y defensa de Garduño son cubiertos con dinero de los contribuyentes, mientras el funcionario sigue percibiendo su salario y utilizando el aparato institucional.
“Él no ha puesto nada de su sueldo ni de su bolsillo. Sigue recibiendo su sueldo y utilizando recursos públicos para su defensa,” afirmó Zavala.
Cambio de sede para firma periódica
En noviembre, Garduño solicitó un cambio de sede para realizar la firma periódica, logrando que esta se realice ahora en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, lo que reducirá los viajes a Ciudad Juárez. La próxima audiencia está programada para el 6 de marzo de 2025, donde su defensa buscará una solución alterna al proceso penal, que podría poner fin a las acusaciones en su contra.
Contexto del caso
El incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez ocurrió en marzo de 2023 tras una protesta de migrantes detenidos. La tragedia dejó 40 muertos y generó una fuerte condena internacional. Francisco Garduño fue vinculado a proceso en abril por el presunto incumplimiento de sus deberes como titular del INM, al no garantizar la seguridad en las instalaciones.
Pese a las acusaciones, Garduño no enfrenta prisión preventiva, pero está obligado a cumplir con las firmas periódicas como parte de las medidas cautelares.
Audiencias y cuestionamientos
La defensa de Garduño ha solicitado en tres ocasiones la absolución alterna del caso. Sin embargo, organizaciones civiles han señalado irregularidades en las audiencias recientes, destacando que algunas se han realizado sin notificación previa a las partes involucradas, lo que ha generado suspicacias sobre un posible manejo discreto del caso.
“Quería terminar su cargo en el INM sin ningún cargo y desentenderse del proceso,” señaló Zavala.
La polémica sobre los gastos millonarios en viáticos y la defensa de Garduño pone nuevamente en el centro del debate el uso de recursos públicos por parte de funcionarios en procesos legales y su responsabilidad ante una tragedia que marcó la política migratoria de México.