“Fíjense lo que ocurrió en estos últimos tres meses y medio en nuestro país: recuperamos el sentido social y el sentido patriótico de nuestra Constitución”, dijo ayer la Presidenta en un evento en Tlaxcala en alusión a 16 reformas constitucionales, contenidas en el denominado Plan C de AMLO que rehicieron al Poder Judicial, achicaron a la Corte, esfumaron siete órganos autónomos, reetiquetaron a Pemex y la CFE sin resolver de fondo su desastrosa situación económica, declararon la inimpugnabilidad a las decisiones del Legislativo.
También reformas sociales importantes: la elevación a rango constitucional de los denominados Programas de Bienestar como las pensiones a adultos mayores, para discapacitados y becas estudiantiles.
La consumación de las reformas ocurrió en medio de procedimientos desaseados y cuestionables, incluidos recursos de los que Morena o el PRD u otros partidos de izquierda que hicieron vida parlamentaria fueron víctimas bajo el autoritarismo y corrupción de gobiernos priistas y panistas. La forma sí fue fondo. Asumieron la mayoría calificada con las leyes fraguadas por sus antagonistas que en su momento fueron calificadas de antidemocráticas por ellos mismos cuando eran opositores.
El deslinde llegó ahora, obligado por la realidad. La ola de detenciones de la Secretaría de Seguridad, de delincuentes y de funcionarios municipales aliados a cárteles, contrasta con una política que parecía pasiva bajo mandos militares en el sexenio anterior.
La nueva Ley del Infonavit, trazada de manera secreta y sin que fuera un pendiente del Plan C, es una admisión de que no hubo un combate a las corruptelas en ese Instituto. Las deudas de Pemex no vienen de la “época neoliberal”. Les adeudan funcionarios del sexenio anterior. La renovación de las compras consolidadas de medicamentos, el apresuramiento de compras en invierno, tratan de saldar desatinos e irresponsabilidades del sexenio anterior.
Cada cierre de una tienda oriental es el recordatorio de la permisividad -o complicidad- en contrabando e ilegalidades ocurridas en el primer gobierno “posneoliberal”.
Claudia Sheinbaum, en medio de estas contradicciones, trata de no escalar por los territorios escabrosos de lo faltante. Muchos mexicanos que cobran agradecidos las pensiones la gastan en ataúdes o emigraciones forzadas ante la narcoviolencia; muchas familias cobran contentas becas de los hijos pero ven con desesperanza el rezago educativo y el arrebatamiento del narco de las muchachas y muchachos.
Un poco de autocrítica, una pizca de justicia para el castigo de las irresponsabilidades, delitos y omisiones del sexenio anterior fortalecería al gobierno que arranca. El ensoberbecimiento puede disimular pero no soluciona. La erosión debajo de ese telón es continua.