Empresarios de Culiacán, afectados por la ola de violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, reportaron pérdidas económicas por 18 mil millones de pesos y la caída de 25 mil empleos desde que comenzó el conflicto. Representantes de cámaras empresariales como Coparmex, Canirac y Canaco se encuentran en la Ciudad de México buscando apoyo de autoridades federales.
Martha Reyes, presidenta de Coparmex-Sinaloa, señaló que, aunque los empresarios no buscan exención de impuestos, demandan al gobierno federal un diferimiento en los pagos tributarios para poder cumplir con obligaciones como aguinaldos y sueldos.
“No estamos evadiendo nuestra responsabilidad de pagar impuestos, pero exigimos que el gobierno cumpla con su deber de garantizar la seguridad, que es un derecho constitucional,” afirmó Reyes.
En una propuesta presentada a legisladores y funcionarios, los empresarios plantean un plan emergente que incluye:
- Aplazamiento del pago de impuestos.
- Créditos blandos con tasas tres puntos por debajo de la referencia del Banco de México, con montos de entre 10 mil y 5 millones de pesos, un periodo de gracia de seis meses y plazos de pago de hasta cinco años.
- Exención de pagos de servicios básicos para quienes hayan perdido su empleo.
- Un esquema de apoyo mediante la banca de desarrollo con un fondo de garantía proporcionado por el gobierno estatal.
Martha Reyes también criticó la postura del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por minimizar la crisis que atraviesan los sectores empresarial y de servicios en la entidad.
“El Gobernador no quiere reconocer que la situación lo rebasó. Nosotros ya estamos desesperados, por eso venimos a México a presentar este plan emergente. Necesitamos hacer equipo,” declaró la representante empresarial.
Hoy, los dirigentes empresariales sostendrán reuniones con senadores, mientras que mañana dialogarán con el subsecretario de Economía, Vidal Llerenas, en busca de soluciones que permitan enfrentar las afectaciones económicas y laborales provocadas por la inseguridad.
La violencia en Culiacán no solo ha golpeado al sector empresarial, sino que también ha generado incertidumbre en la población, exacerbando la crisis económica y social en el estado.
