En la era de la 4T no hay argumento, por sólido que parezca, que se imponga a la “línea” que llega a los legisladores del oficialismo desde arriba. No está a discusión en el Congreso ninguna de las reformas del plan C qué presentó Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado. Ni en las internas de Morena, PVEM y PT ni en el debate en el pleno.

Ese plan C es la última voluntad del expresidente. Se lo heredó a su sucesora en Palacio Nacional. La consigna es votarlo. La tarea se concretó con las maniobras para hacerse ilegalmente de la mayoría calificada en ambas cámaras, con la complicidad del INE y el TEPJF que están “colonizados” (el copyright es de Manlio Fabio Beltrones.) y las presiones a senadores de la oposición.

Vimos “línea” con la reelección de Rosario Piedra en la CNDH; la vemos con las leyes reglamentarias de la reforma judicial, que ayer se aprobaron en las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos. Con el rechazo de la oposición se aprobaron la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y diversas reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

La oposición no niega la necesidad de una reforma judicial. El senador panista Ricardo Anaya, por ejemplo, recordó que se cometen al año 30 millones de delitos en el país, y en 99% de los casos lo que tenemos es impunidad. “Sí hay un problema serio en materia de fiscalías, de policías, de ministerios públicos, de jueces. Lo que nosotros venimos sosteniendo es que esta reforma no se diseñó para atender ese problema, sino para que un grupo en el poder tenga el control del poder judicial”, añadió.

* La Comisión de Justicia es presidida por el expanista Javier Corral, hoy morenista. El senador de Chihuahua reconoce que las modificaciones a las mencionadas leyes secundarias tienen como fin principal, hacer factible la reforma judicial, el llamado plan C. “Con la legislación propuesta, se da respuesta a una parte de la gran exigencia de justicia, convertido en un mandato impostergable para el Poder Legislativo”, puntualizó en su cuenta de la red X.

Del tema hablamos con el senador panista Gustavo Sánchez Vázquez. Destacó la incongruencia que significa hablar de una ley de carrera judicial, cuando esa carrera se acabó con la reforma de López Obrador. “Hoy abogadas y abogados, actuarios, secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta que tenían cinco, diez, 15, 20 años, esperando una oportunidad para poder acceder a un concurso para ser jueces o magistrados. Hoy la carrera judicial se resume a que tengas una cédula profesional. No importa que nunca hayas llevado un juicio. Tampoco que nunca hayas pisado un tribunal. Se puede ser juez simple y sencillamente si en el Comité de Evaluación tienes un buen conocido”, puntualizó.

Sus críticas se hicieron más ácidas cuando habló de la creación del Tribunal Disciplinario que propone la reforma judicial y que el senador Sánchez compara con La Santa Inquisición. “El puro nombre ya nos marca una pauta. Los vigilantes, los policías de los jueces. Se habla de agentes judiciales que estarían supervisando a cada juez.

“Es inconcebible que se están aprobando ese tipo de leyes. Ahora resulta que cinco personas que van a integrar este comité van a tener más fuerza que los propios ministros de la Corte. Yo me pregunto cuando a un contribuyente, quien quiera que sea que le llegue una auditoría fiscal. Una empresa que le finquen un crédito fiscal especial y vaya a la justicia federal a pedir un amparo, a ver qué juez, de esos nuevos que va a sentir que le debe el trabajo al gobierno, se atreve a admitir una sentencia en contra de ese gobierno”, alertó.

* Senadores del PVEM, aliados del oficialismo, hicieron un llamado a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que reconsideren el recorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y es que a la Semarnat le redujeron 39.4% de los recursos que recibió en 2024. La senadora de ese partido, Maki Ortiz, le puso números a la solicitud de que los recursos destinados a medio ambiente y recursos naturales pasarán de 70 mil 245 millones de pesos asignados en 2024, a 44 mil 370 millones en 2025.

Otra senadora del PVEM, Ruth González Silva, dijo que la diferencia es superior a los 25 mil millones de pesos. “Es significativa tomando en cuenta la importancia del área que ejerce estos recursos a favor de la protección del medio ambiente”, precisó en un punto de acuerdo que presentó al pleno.

* Hay pleito entre senadores del oficialismo. Gerardo Fernández Noroña le dijo “malagradecido” al ya citado Javier Corral, por votar en contra de la extinción de los órganos autónomos, después de que lo salvaran de la cárcel. Corral reviró: “Las declaraciones de Gerardo me parecen muy injustas hacia mi persona. Yo aquí no he venido a refugiarme, he venido a contribuir.”

Ni a cuál irle.