Con 327 votos a favor y 118 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y sanciona la producción, distribución y consumo de drogas sintéticas, como el fentanilo. La reforma modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, estableciendo medidas para enfrentar el consumo de estas sustancias consideradas un problema de salud pública.
La reforma incluye la prohibición de toda actividad relacionada con sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como el uso ilícito de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas.
Durante el debate, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) cuestionó la efectividad de la prohibición de cigarrillos electrónicos y vapeadores. La legisladora Gloria Núñez criticó que esta medida favorece al mercado negro y al crimen organizado, señalando que en lugar de regular, el gobierno renuncia a controlar de manera efectiva el comercio de estos dispositivos.
“La falta de regulación permite que los grupos criminales diversifiquen sus operaciones, mientras los consumidores quedan expuestos a productos de dudosa calidad y composición,” afirmó Núñez. También advirtió que el consumo de vapeadores ha crecido significativamente a pesar de las regulaciones existentes, pasando de un millón de usuarios en 2019 a más de dos millones en 2024.
Por su parte, el priista César Alejandro Domínguez respaldó la reforma como un paso crucial para combatir el uso del fentanilo, señalando que su bajo costo lo hace especialmente accesible para personas de bajos recursos. “Una porción de fentanilo cuesta lo mismo que un refresco de tres litros, lo que lo convierte en una droga muy peligrosa,” destacó. Domínguez también subrayó la necesidad de complementar esta reforma con campañas de prevención, fortalecimiento de políticas públicas y creación de oportunidades laborales y educativas.
En tanto, la panista Paulina Rubio expresó su apoyo condicionado, advirtiendo que plasmar la prohibición en la Constitución no garantiza la solución del problema. “Lo que dice la Constitución ha demostrado no importarles. Esta reforma, al igual que otras medidas, no resolverá el tráfico, producción y consumo del fentanilo,” señaló Rubio, criticando también la estrategia federal de combate al contrabando y la corrupción.
El morenista Roberto Ramos Alor defendió la reforma citando evidencia sobre los daños a la salud causados por los vapeadores. “Estos dispositivos están relacionados con enfermedades como fibrosis pulmonar, bronquiolitis y cáncer,” afirmó el legislador, apelando a su experiencia clínica en el tratamiento de enfermedades pulmonares.
Ramos Alor enfatizó que la reforma es un paso importante para proteger la salud pública y prevenir el impacto del consumo de vapeadores en la población mexicana.
La aprobación de esta reforma llega en un contexto en el que el consumo de fentanilo ha causado estragos en Estados Unidos, con más de 73 mil muertes por sobredosis de opioides sintéticos en el último año. En México, se registraron 430 casos de atención médica por consumo de fentanilo en 2023, un aumento del 30% respecto a 2022.
Aunque el propósito de la reforma es claro, los especialistas advierten que la prohibición por sí sola no será suficiente sin una estrategia integral que incluya educación, prevención y alternativas de regulación.
La reforma ahora deberá pasar al Senado para su análisis y eventual aprobación. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes abogan por enfoques más amplios y los que consideran que esta medida es un paso necesario para enfrentar las crisis de salud pública y seguridad relacionadas con estas sustancias.
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