El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, sorprendió al país al decretar este martes la ley marcial de emergencia, una medida que no se veía en la nación desde 1979. En un discurso televisado, Yoon aseguró que la decisión busca salvaguardar a Corea del Sur de las “amenazas comunistas” provenientes de Corea del Norte y eliminar “fuerzas antiestatales” que, según él, están paralizando al gobierno.
“Para proteger a una Corea del Sur liberal y evitar caer en la ruina nacional, declaro la ley marcial de emergencia. Erradicaré las fuerzas pronorcoreanas y protegeré el orden democrático constitucional,” afirmó el mandatario.
La ley marcial otorga al ejército el control sobre la administración civil, suspendiendo temporalmente derechos y libertades civiles, con el objetivo de mantener el orden público en situaciones de emergencia. Entre las medidas que pueden implementarse están los toques de queda, arrestos sin supervisión judicial y restricciones a las actividades políticas.
La declaratoria llega en un momento crítico para Corea del Sur. Por un lado, el país enfrenta una creciente tensión con Corea del Norte, que recientemente firmó un pacto militar con Rusia que incluye asistencia mutua en caso de un conflicto armado. Por otro lado, Yoon lidia con una crisis política interna, marcada por el estancamiento en el Parlamento, controlado por la oposición liberal.
El Partido del Poder Popular, liderado por Yoon, ha tenido dificultades para aprobar el presupuesto del próximo año y enfrenta mociones para destituir a tres fiscales clave, acusados de llevar a cabo investigaciones políticas contra el líder de la oposición, Lee Jae-myung, rival de Yoon en las elecciones presidenciales de 2022.
La oposición, que califica la medida como un intento autoritario de aferrarse al poder, ha rechazado enérgicamente la ley marcial. “Esto recuerda a los líderes autoritarios de la década de 1980,” señalaron legisladores opositores, aludiendo a los regímenes militares que gobernaron Corea del Sur antes de su democratización en 1987.
Analistas señalan que esta decisión puede polarizar aún más a un país que ya enfrenta divisiones políticas profundas. La aprobación de Yoon, que ha disminuido constantemente desde que asumió el cargo en 2022, podría sufrir un mayor golpe. Sin embargo, el presidente defendió su decisión, afirmando que es necesaria para proteger al país y pidió a los ciudadanos que “toleren algunas inconveniencias” mientras el gobierno busca “normalizar” la situación.
Organizaciones de derechos humanos y sectores internacionales también han mostrado preocupación por la suspensión de derechos civiles y la posibilidad de abusos bajo el régimen militar temporal.
El líder opositor Lee Jae-myung acusó al gobierno de utilizar la ley marcial para desviar la atención de los escándalos que involucran a la administración de Yoon, incluida su esposa y altos funcionarios. “Esta es una táctica de venganza y un intento de consolidar el poder bajo la excusa de amenazas externas,” afirmó Lee.
La medida se produce en un clima de creciente inestabilidad en la región. Corea del Norte, aliado de Rusia, ha intensificado sus pruebas de misiles y se muestra cada vez más desafiante frente a las sanciones internacionales. La declaración de Yoon podría escalar las tensiones con Pyongyang, que ha calificado a su gobierno como un “títere de Washington”.
La duración de la ley marcial aún no ha sido definida, lo que genera incertidumbre entre los ciudadanos surcoreanos. Mientras tanto, el Parlamento enfrenta una mayor presión para resolver el estancamiento político, y la comunidad internacional observa de cerca los próximos movimientos del gobierno surcoreano en un contexto de creciente militarización y tensiones geopolíticas.
Esta es la primera vez desde 1987 que Corea del Sur, ahora una de las democracias más sólidas de Asia, recurre a esta medida extrema, lo que marca un punto de inflexión en la historia reciente del país.
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