El Congreso de Baja California rechazó la reforma que proponía la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras una votación en la que el bloque oficialista de Morena, junto con sus aliados del PT y el PVEM, no logró reunir las dos terceras partes necesarias.
En la sesión pública, Morena y sus aliados contaban con 18 votos, pero sólo obtuvieron 16 a favor del dictamen, quedando por debajo de los 17 necesarios para aprobar la reforma constitucional. La diputada Araceli Geraldo Núñez, de Morena, no emitió su voto, mientras que Yohana Sarahi Hinojosa Gilvaja, del PT, rompió con la línea oficialista y votó en contra.
“Por la libertad de expresión, y sobre todo por la libertad y el derecho a saber, voto en contra”, declaró Hinojosa Gilvaja al justificar su decisión.
Oposición unida contra el dictamen
La reforma fue bloqueada con los votos en contra de los legisladores de oposición, entre ellos los panistas Juan Diego Echeverría, María Yolanda Gaona y Santa Alejandrina Corral Quintero; el priista Adrián Valle Ballesteros; la diputada de Movimiento Ciudadano Daylin García Ruvalcaba, y de Encuentro Social Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza.
Avances en otros estados
Hasta el momento, 16 Congresos estatales han aprobado la reforma, la cual ha sido presentada por el oficialismo como una medida de “simplificación de la administración pública federal”. Entre las entidades que han dado su aval se encuentran Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Sin embargo, para que la reforma pueda ser declarada constitucional y enviada al Ejecutivo para su promulgación, se requiere la aprobación de al menos 17 Congresos estatales.
Implicaciones del rechazo en Baja California
El rechazo en Baja California representa un revés significativo para Morena, pues esta entidad era clave para alcanzar el mínimo necesario de legislaturas estatales que avalen la reforma. La eliminación de órganos como el INAI ha sido uno de los temas más controversiales del actual sexenio, enfrentando críticas por parte de organizaciones civiles y sectores de la oposición que consideran que la medida afectaría la transparencia y rendición de cuentas en el país.
El dictamen deberá esperar el aval de una entidad más para ser aprobado, mientras crecen los cuestionamientos sobre el impacto de la reforma en los derechos de acceso a la información y en el equilibrio de poderes en México.
